Derechos, participacin social y actividad parlamentaria en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria

Pilar Arcidicono
Licenciada en Ciencia Poltica, Magster en Polticas Sociales (UBA), Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Becaria post doctoral del CONICET. Investigadora adscripta del Instituto "Ambrosio L. Gioja", Facultad de Derecho (UBA). Integrante del Proyecto interdisciplinario UBACYT MS10 Polticas sociales, enfoque de derechos y marginacin social en Argentina (2003/9), Instituto de Investigaciones Jurdicas y Sociales "Ambrosio L. Gioja" (Facultad de Derecho- UBA) y la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). E- mail: pilar.arcidiacono@gmail.com

Maximiliano Carrasco
Abogado (UBA), Magster en Diseo y Gestin de Polticas y Programas Sociales (FLACSO), Maestrando en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (UBA). Investigador tesista en el Proyecto interdisciplinario UBACYT MS10 Polticas sociales, enfoque de derechos y marginacin social en Argentina (2003/9), Instituto de Investigaciones Jurdicas y Sociales "Ambrosio L. Gioja" (Facultad de Derecho- UBA) y la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). E- mail: max_carrasco@hotmail.com

Resumen
El artculo se propone dar cuenta del principal programa alimentario (Plan Nacional de Seguridad Alimentaria PNSA-), surgido en Argentina como consecuencia de la crisis de 2001/2. Se propone una mirada especialmente atenta sobre las rupturas y continuidades que implica, su discursividad en clave de derechos y seguridad alimentaria, la campaa llevada a cabo por organizaciones de la sociedad civil, y la presencia parlamentaria en diferentes instancias del PNSA. Finalmente, se dejan planteadas algunas preguntas sobre las articulaciones de esta poltica con los programas de transferencias condicionadas de ingresos y la discusin actual, a la vez que se pasar revista de las ms recientes iniciativas parlamentarias que surgen a partir de 2009 en materia alimentaria.

1. El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria El Hambre ms Urgente. Rupturas y continuidades de una poltica en contexto de emergencia
Las primeras intervenciones estatales en materia alimentaria se remontan hacia fines del siglo XIX y principios del XX, cuando comenzaron a focalizarse las acciones en las necesidades de ciertos sectores de la poblacin a travs de estructuras formales y semiformales de asistencia alimentaria. La inquietud comenz a partir de los nios dbiles, aquellos que tenan un deficiente rendimiento intelectual debido a la mala alimentacin, hecho que gener el surgimiento de las primeras formas de comedores y el servicio de copa de leche en las escuelas. En Argentina los diferentes programas alimentarios implementados con mayor o menor xito-, surgieron a partir de diagnsticos que dieron

cuenta de la situacin nutricional, sobre todo de las consecuencias del bajo peso de nacimiento y durante los primeros aos de vida1. En lneas generales, los programas alimentarios en Argentina mantuvieron su estructura prcticamente desde la dcada del ochenta de acuerdo a dos modelos: el reparto de cajas de alimentos y los comedores2. A pesar de las unificaciones y los cambios de nombres, los programas continan siendo bastante similares, sin producirse transformaciones sustantivas y reproduciendo los problemas que instauraron, tanto desde el punto de vista del diseo como de la implementacin, con dificultades que van desde la deficiencia para cubrir problemas nutricionales hasta cuestiones vinculadas con la discrecionalidad en la aplicacin de los programas (Arcidicono, 2011)3. Desde 1984 con el Programa Alimentario Nacional (PAN), fueron sucedindose intervenciones en torno a una concepcin gastronmica de las polticas sociales y una concepcin asistencialista de las polticas alimentarias (Britos et al., 2003: 23). El reconocimiento de la nutricin como una problemtica que amerita un enfoque integral sigui constituyendo una deuda pendiente de este perodo. La crisis de 2001/2 trajo consecuencias en diferentes aspectos de la vida econmica y social de la Argentina. La poblacin con insuficiencia alimentaria4 o riesgo nutricional abarcaba en ese momento aproximadamente el 75% de las personas en condicin de pobreza (14 millones de personas, 2,8 millones de hogares)5. Durante la crisis, el aumento de los precios, el deterioro de los salarios y, por lo tanto, el crecimiento de la pobreza, agravaron la situacin alimentaria. El incremento de los precios se debi especialmente a la devaluacin del peso respecto del dlar que increment la competitividad de los sectores dedicados a la produccin de alimentos, que en Argentina son los de mayor importancia para el mercado externo, encareciendo los precios locales especialmente de los alimentos. Teniendo en cuenta que los hogares de menores ingresos orientan gran parte de sus ingresos en alimentos, esto los afect mayormente (CESNI, 2002: 8). En este contexto, en 2002 el gobierno del entonces Presidente Dr. Eduardo Duhalde declar la emergencia sanitaria y alimentaria, y reorient fondos a tres grandes programas: Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados -dentro del esquema de los programas de empleo transitorio y luego ms prximo a los programas de transferencias condicionadas de ingresos (PCTI)-, el Programa Remediar -dentro del reparto de medicamentos- y los Programas de Emergencia Alimentaria (PEA) y Fondo Participativo de Inversin (FOPAR) dentro de los alimentarios. El objetivo fue enfrentar la crtica situacin social y econmica que atravesaba Argentina (Ministerio de Desarrollo Social MDS-, 2006). Hacia finales de 2002 se sancion la Ley N 25.724, que cre el Programa Nacional de Nutricin y Alimentacin, ms conocido como Plan Nacional de Seguridad Alimentaria El Hambre
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En esta lnea, el Centro de Estudios sobre Nutricin Infantil (CESNI) seala que el riesgo de mortalidad de un nio con bajo peso es diez veces mayor al de uno con el peso adecuado. A lo largo del primer ao de vida, los nios con bajo peso pueden sufrir varias veces ms enfermedades como diarreas y neumonas, y corren cuatro veces ms el riesgo de morir entre los 15 y 45 aos (CESNI, 2002: 15). 2 Para el desarrollo de los programas alimentarios en Argentina, cfr Arcidicono (2011), Maceira y Stechina (2008), Britos et al (2003). 3 Esta caracterstica no resulta exclusiva de los programas alimentarios, sino que refleja en otras reas sectoriales de las polticas sociales, entre los que se puede principalmente destacar los sucesivos programas de transferencias condicionadas de ingresos y los programas de empleo transitorio. Para mayor informacin cfr. Pautassi (2010) 4 Segn la concepcin del CESNI (2002), la poblacin con insuficiencia alimentaria es aquella con una percepcin de ingresos insuficientes para adquirir la canasta bsica alimentaria, an destinando dos tercios de los ingresos del hogar. 5 Encuesta Permanente de Hogares (EPH), mayo 2002.

ms urgente (PNSA)6, que pretenda cubrir los requisitos nutricionales de ciertos sectores de la poblacin que viven en situacin de pobreza (artculo 2 de la ley). El PNSA tuvo el puntapi inicial en una iniciativa de la sociedad civil, y cont con impulso del Poder Ejecutivo con la llegada del Dr. Nstor Kirchner a la presidencia. A travs la ley de creacin del plan (N 25.724) se dispuso la unificacin y coordinacin de todos los programas alimentarios vigentes hasta ese momento, financiados con fondos nacionales en todo el territorio nacional. Los objetivos especficos del PNSA fueron los siguientes: brindar asistencia alimentaria a familias en situacin de vulnerabilidad social; facilitar la autoproduccin de alimentos a las familias y redes prestacionales (comedores, centros comunitarios, jardines maternales, escuelas y otros); fortalecer la gestin con descentralizacin de fondos y asistencia tcnica a las diferentes jurisdicciones; impulsar la integracin de recursos nacionales, provinciales, municipales y facilitar la participacin del tercer sector; realizar acciones integrales en materia de educacin alimentaria nutricional, cuidado de la salud y fortalecimiento de las familias; y desarrollar acciones especficas dirigidas a grupos focalizados de riesgo (MDS, 2006). El PNSA plantea formalmente que es [] deber indelegable del Estado garantizar el derecho a la alimentacin de toda la ciudadana (artculo 1 de la ley). Sin embargo, focaliza en la cobertura de los requisitos nutricionales de nios hasta los 14 aos, embarazadas, discapacitados y adultos mayores desde los 70 aos en situacin de pobreza. A ese delineamiento agrega que se priorizar a las mujeres embarazadas y a los nios hasta 5 aos de edad (artculo 2 de la ley). En cuanto a las lneas de intervencin, el PNSA se propuso, adems de brindar prestaciones alimentarias y prevencin sanitaria y escolar, ofrecer acciones compensatorias focalizadas en los grupos etarios y sociales de mayor vulnerabilidad nutricional y promover el desarrollo de capacidades para la superacin de la pobreza en la poblacin destinataria. En la actualidad, el PNSA contina vigente, e incluye los siguientes programas complementarios7: Familias y Nutricin (fortalece a las familias en la funcin bsica de sostn y crianza de sus hijos, alimentacin-nutricin y cuidado de la salud); Abordaje Comunitario (impulsa el desarrollo de las organizaciones comunitarias que brindan servicios alimentarios); Pro-Huerta (promueve el acceso a una alimentacin saludable mediante la autoproduccin de alimentos frescos para el consumo personal, familiar, comunitario e institucional); y Educacin Alimentaria y Nutricional (trabaja en la capacitacin de tcnicos y destinatarios del PNSA con el objetivo de convertir los conocimientos en hbitos de alimentacin saludable). Sin embargo, al igual que en los programas anteriores, termina predominando la asistencia alimentaria directa. Segn un informe de Ministerio de Economa8, durante 2010, el 93,3% del gasto correspondi a transferencias vinculadas principalmente con la implementacin de las actividades Asistencia Alimentaria Federal y Focalizada (71,5% de las transferencias totales del programa), Comedores Escolares (14,6%) y Comedores Comunitarios (11,6%). Cabe destacar que una de las transformaciones del programa desde su surgimiento fue, hacia 2007, la creciente bancarizacin del mismo, es decir, la incorporacin de una tarjeta magntica. Ms all de su real impacto, desde la visin oficial, esto se destaca en
Si bien la Ley 25.724 (http://infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/81446/norma.htm) crea el Programa de Nutricin y Alimentacin Nacional y en ella no figura la denominacin Plan Nacional de Seguridad Almentaria (PNSA) El Hambre Ms Urgente, este ltimo nombre ha sido el utilizado por el Estado Nacional desde el propio MDS (http://www.desarrollosocial.gov.ar/pnsa/141) y tambin por distintos organismos del Estado (AGN, SIGEN). Incluso en los proyectos parlamentarios se refiere a la Ley 25.724 como la ley del PNSA. 7 http://www.desarrollosocial.gob.ar/pnsa/141 8 http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2010/tomoii/19jur85.htm
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tanto puede generar: Fortalecimiento de la autonoma, libre eleccin de los alimentos, impulso hacia una compra responsable de alimentos variados, mejoramiento del control y seguimiento del programa, mejoramiento en la periodicidad de la prestacin aumentando la cobertura anual, fortalecimiento de la economa local, bajo gasto operativo (MDS, 2012) En la implementacin del PNSA, se encuentra involucrada la Comisin Nacional de Nutricin y Alimentacin (CNNA) que tiene a cargo la coordinacin del programa y est integrada por representantes de los Ministerios de Salud, MDS, de Educacin, de Economa, MTEySS, de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) debidamente acreditadas en el rea9; y organismos internacionales, como el caso de UNICEF. A esto se suma el reconocimiento del carcter federal del plan a partir de la integracin a la Comisin de un representante por cada gobierno provincial (Art. 4 de la Ley N 25724). En el PNSA el nivel nacional aporta fondos a las provincias que suscribieron los convenios correspondientes. A su vez, las provincias establecen la modalidad de ejecucin (centralizada descentralizada - mixta) segn el tipo de prestacin a implementar. Algunas provincias slo envan el dinero transferido por el Estado Nacional y son los municipios los que aplican los principios y actividades del PNSA. En otros casos, los gobiernos provinciales tienen mayor participacin y decisin. El PNSA se desarrolla en las diferentes jurisdicciones a travs de ministerios o secretaras de Estado provincial (reas de Accin Social o Educacin) o municipalidades y/u OSC10. El PNSA tiene un componente de financiamiento externo y otro del Estado Nacional. Para la asignacin del presupuesto a las provincias se utiliza el siguiente indicador: el 55% por coparticipacin federal, el 35% por la lnea de indigencia y el 10% por mortalidad infantil (Principi, 2004:6). Segn datos del Ministerio de Economa11, en el 2003 el Programa Emergencia Alimentaria12 tuvo un presupuesto vigente al 31 de diciembre de $ 351.538.000, de los cuales fueron ejecutados $ 330.565.000. Avanzando en los aos, siguiendo la cuenta de inversin 2009, el presupuesto final del PNSA ha sido de $ 1.351.391.353, habindose ejecutado $ 1.333.975.779 13, y conforme la cuenta de inversin 2010, el presupuesto final del PNSA ha sido de $ 1.914.726.780, de los cuales se han ejecutado $ 1.862.522.90014. Entre otras cosas, como se retomar luego, estas cifras dan cuenta del aumento presupuestario que implic el lanzamiento del PNSA, lo que implica un salto con respecto a los programas anteriores en cuanto a relevancia presupuestaria. En cuanto al control del PNSA, la auditora mensual del mismo se fij en los organismos de control nacionales establecidos por ley (Artculo 10 de la Ley N 25.724). Adems, se determin a la Red Federal de Control Pblico como la encargada del control de la gestin del programa en relacin a la aplicacin de recursos (Artculo 8 de la Resolucin 2040/03 del MDS) y de la realizacin de informes sobre la ejecucin del PNSA en las distintas provincias y municipios del pas15. Algunas de las observaciones comunes de los informes de los rganos de control, han manifestado que el valor nutricional de las
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Decreto 1018/03 y su modificatorio 901/03.

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Resolucin 2040/03 del MDS. http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2003/tomo_ii/85.htm 12 Los fondos de este programa se destinaban a la compra de alimentos y transferencias a las provincias y a la Ciudad Autnoma de Buenos Aires (CABA), para la atencin de las necesidades alimenticias bsicas de la poblacin de alta vulnerabilidad y en riesgo de subsistencia en todo el territorio nacional. Como a mediados de 2003 se lanza el PNSA, este programa presupuestario se constituye como el eje del nuevo programa. 13 http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2009/tomoii/18jur85.htm
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http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2010/tomoii/19jur85.htm

prestaciones no es suficiente para cumplir con las metas propuestas en la programacin y que los aportes monetarios tampoco aseguran una efectiva contribucin para reducir la inseguridad alimentaria o al menos la brecha de indigencia. Asimismo, se ha destacado en tales informes16 la falta de regularidad en las entregas de las prestaciones y la existencia de retrasos en la ejecucin de los convenios con las jurisdicciones, as como tambin un bajo nivel de ejecucin de recursos disponibles. Tambin se ha remarcado la falta de criterios objetivos en la seleccin de titulares de las prestaciones, quedando personas por fuera del plan estando en condiciones de ser incluidas en el mismo. En apretada sntesis, si bien hubo un incremento presupuestario importante en materia alimentaria a partir del PNSA, lo que implic una diferencia sustantiva con los antecesores, las prestaciones no resultaron suficientes en muchos casos. Adems, la mayora de los recursos de la inversin prevista continuaron destinndose a dos modalidades de intervencin: programas que distribuyen cajas o mdulos alimentarios (incluyendo tickets, bonos y tarjetas destinadas a alimentos) y sostenimiento de comedores comunitarios. Las actividades relacionadas con componentes maternoinfantiles, de huertas representan menos del 20% de la inversin total en programas alimentarios (CESNI, 2003). Estos datos se reafirman al analizar el informe de ejecucin presupuestaria 2007 del MDS que indica que el 70% del dinero destinado al PNSA se utiliz en la clsica asistencia alimentaria, a pesar de proponer un acompaamiento en lo respectivo a la educacin y redes de integracin y articulacin social (MDS, 2006/2007).

2. La incorporacin de la seguridad alimentaria en el PNSA Una poltica con perspectiva de derechos?

El concepto de Seguridad Alimentaria que recoge el PNSA en su propia denominacin surgi en 1974 desde la Food and Agriculture Organization (FAO)17 que la defini como un derecho. Hasta ese momento, la propuesta de esta organizacin para hacer efectivo este derecho supona que el mejor y mayor abastecimiento alimentario de los pases y regiones, tendra como consecuencia la desaparicin del hambre y/o la malnutricin. Bajo esta lgica, el nfasis estaba colocado en la introduccin de tecnologas que aumentaran la produccin y la productividad agro-alimentaria. Hacia los aos ochenta, se pas a una concepcin segn la cual la seguridad alimentaria o la falta de ella no se relaciona con la produccin agroalimentaria (suficiente para cubrir las necesidades de la poblacin durante esa dcada) sino con el acceso a los alimentos (Sen, 1982). Esta capacidad de las personas para estar bien alimentadas depende del derecho al acceso a un conjunto de bienes y servicios alternativos que comprende el ingreso percibido y la posibilidad de intercambio en la naturaleza o en el mercado (Aguirre, 2004:2). Aguirre (2004), siguiendo
Existen ms de 100 informes sobre el PNSA entre 2004 y 2011, los cuales pueden consultarse en el sitio web de la Sindicatura General de la Nacin SIGEN- (www.sigen.gov.ar). Tambin se disponen de informes de la Auditora General de la Nacin AGN- sobre el PNSA en el sitio web de www.agn.gov.ar. Los mismos fueron relevados en Carrasco (2011). 16 A modo de ejemplo, se pueden consultar los informes de auditora disponibles en los siguientes links: http://www.agn.gov.ar/informes/informesPDF2008/2008_220.pdf (parte relativa al PNSA), http://www.agn.gov.ar/informes/fichas/f_161bis_09_11_03.pdf , y http://www.agn.gov.ar/informes/informesPDF2008/2008_135.pdf 17 Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (por sus siglas en ingls FAO) es una organizacin especfica de la ONU que conduce las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre y promover el derecho a la alimentacin y la seguridad alimentaria. Tiene sede en Roma y cuenta con 191 pases miembros, dos miembros asociados y una organizacin miembro: la Unin Europea.
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a Chateneuf (1995), explica que existen cinco condiciones que se relacionan con la seguridad alimentaria: suficiencia (cantidad suficiente de alimentos para toda la poblacin), estabilidad (provisin todo el ao, capacidad de asimilar las variaciones cclicas), autonoma (sin dependencia del suministro externo), sustentabilidad (explotacin de los recursos que posibilita su reproduccin en el tiempo) y equidad (acceso de toda la poblacin a una alimentacin aceptable, variada y suficiente). Los organismos internacionales tomaron tal concepcin de la seguridad alimentaria y la incluyeron en las Conferencias Internacionales de Nutricin de 1992 y 1996 en Roma, en las que los pases miembros se comprometieron con la FAO a garantizar su cumplimiento mediante un marco socio-poltico que permita a todos el acceso real a los alimentos. Adems de los compromisos internacionales del pas en materia de seguridad alimentaria como el citado, Argentina cuenta con un amplio marco normativo protectorio del derecho a la alimentacin. Las ms claras referencias al respecto post reforma constitucional de 1994, pueden encontrarse en los textos de diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos que cuentan con jerarqua constitucional en virtud del art. 75 inc. 22 de la Constitucin Nacional18. En ese sentido, el derecho a la alimentacin fue incluido como parte del "derecho a un nivel de vida adecuado", tal como se consagra en el art. 25 inc. 1 de la Declaracin Universal de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (PIDESC), por su parte, regula especficamente el derecho a la alimentacin en su artculo 11. Y tambin la Convencin Internacional sobre los Derechos del Nio (CIDN) incorpora una disposicin protectoria del derecho en sus arts. 24 y 2719. Ahora bien, la pregunta que cabe formularse es si el PNSA ha sido una poltica en consonancia con los postulados del derecho a la alimentacin y la seguridad alimentaria (tal como su nombre propone). Un buen camino para dilucidarlo es valindose del llamado enfoque de derechos humanos. Sucintamente, el enfoque plantea como gua a un conjunto de principios que se desprenden del Sistema Internacional de Derechos Humanos y que resultan tiles en tanto orientan el desarrollo de las polticas. Constituyen parmetros relativamente objetivables para conformarse en analizadores de las polticas existentes y demostrar la distancia (o no) entre stas y el enfoque20. A continuacin, se presentan algunos ejemplos en esta direccin: Entre los principios del enfoque, se encuentra la obligacin de respetar el contenido mnimo de los derechos. El mismo apunta a asegurar la satisfaccin de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos. El Comit DESC seal que un Estado en el que un nmero importante de individuos est privado de alimentos esenciales, de atencin primaria de salud esencial, de abrigo y vivienda bsicos o de la formas ms bsicas de enseanza, prima facie no est cumpliendo sus obligaciones. Si el Pacto se
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Con anterioridad a la reforma de 1994, los fundamentos constitucionales del derecho a la alimentacin, podan encontrarse en expresiones tales como "promover el bienestar general del propio prembulo del texto constitucional, o en el artculo 33 de los derechos implcitos, o en el artculo 14bis, el cual sostiene que el Estado debe garantizar la proteccin integral de la familia tanto en aspectos econmicos como de acceso a una vivienda digna. 19 Para un mayor desarrollo de contenido y referencias normativas sobre derecho a la alimentacin, ver Baladrini y Royo (2012), Filardi (2011), Moro (2011) y Paiva y Abajo (2011). 20 Estos principales estndares en materia de DESC, surgen principalmente del Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales rgano de aplicacin del Pacto de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales-, as como de los relatores especiales de las Naciones Unidas, a partir de la interpretacin realizada de los tratados internacionales de derechos humanos en esta materia. Cfr CELS (2006)

ha de interpretar de manera que no establezca una obligacin mnima, carecera en gran medida de su razn de ser21 Al respecto, cabe retomar las observaciones contenidas en los informes de auditora del PNSA, en donde se da cuenta de la insuficiencia de las prestaciones para satisfacer el derecho a la alimentacin adecuada. Otro principio del enfoque est vinculado con el rol de los receptores / destinatarios de las polticas, en principio reconocindolos como titulares de derechos. En lo referente al PNSA, los destinatarios no tuvieron participacin alguna en las fases de diseo, sino ms bien, como se desarrollar en los prximos puntos del presente texto, fueron organizaciones de la sociedad civil y relevantes actores polticos los encargados del mismo. Otro principio fundamental del enfoque de derechos es el de universalidad que se corresponde con una de las caractersticas de los derechos humanos (pertenecen a todo ser humano, independientemente de su pas de origen, raza, sexo, creencias, etc). En relacin a ello, al tratarse de un programa destinado a sectores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, ha naturalmente focalizado en determinados grupos, como el resto de los programas sociales. Retomando nuevamente informes de auditora y como se ver ms adelante en base a pedidos de informacin del Poder Legislativo al PEN, se ha detectado que dentro del criterio de focalizacin propuesto por el plan, no ha existido cobertura universal. Ya sea por falta de firma de convenios entre el Estado Nacional y las diferentes jurisdicciones, o por falta de adecuados diagnsticos e identificacin de potenciales destinatarios de la poltica, o por irregularidades varias, existieron personas que no pudieron acceder al PNSA, reuniendo los requisitos. Este ltimo punto compromete otro de los principios del enfoque de derechos, a saber: el de igualdad y no discriminacin. Y por ltimo, pero no por ello menos importante, otro elemento a considerar que debe estar presente en las polticas pblicas pensadas en clave de derechos es el acceso a la informacin pblica. Este derecho comprende, entre otros puntos, conocer la informacin contenida en archivos, estadsticas o registros en manos del Estado, en lo relativo al diseo, implementacin, evaluacin y control de las polticas. A la luz de las crticas de los organismos de control respecto de una implementacin del PNSA desinformada, y a la luz de los numerosos pedidos de informacin al PEN por diferentes legisladores de diferentes expresiones polticas, surgen las deficiencias en materia de produccin y acceso oportunos de informacin respecto del plan en cuestin. En sntesis, el PNSA continu con la lgica de los programas alimentarios que lo precedieron entre otras cosas con una concepcin gastronmica de la problemtica22, a pesar de haber incorporado el concepto de seguridad alimentaria en su normativa y haber reconocido el deber indelegable del Estado garantizar el derecho a la alimentacin de toda la ciudadana en el artculo 1 de su ley de creacin. En su ttulo, el PNSA combina la nocin de seguridad alimentaria, que resulta polticamente correcta al adaptarse a las tendencias internacionales propias del campo de los derechos humanos y del derecho a la alimentacin en particular, a la vez que introduce la idea de hambre, ya que el programa incluy en su nombre fantasa el nombre de la campaa impulsada por la sociedad civil (El hambre ms urgente).
Comit DESC, Observacin General (OG) N3, La ndole de las obligaciones de los Estados Partes , prrafo 10.
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La concepcin gastronmica de las polticas alimentarias es un trmino utilizado por Britos et al (2003) para hacer referencia al carcter asistencialista de los programas alimentarios cuya funcin central es el reparto de alimentos.
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3. La campaa de la sociedad civil El Hambre ms urgente Origen del PNSA?

En el contexto ms lgido de la crisis 2001/2 surgi, desde la Fundacin Grupo Sophia 23, la iniciativa de poner en marcha un Programa Nacional de Desarrollo Infantil. El programa se propona brindar una atencin integral y de calidad montndose sobre la estructura existente (gubernamental y no gubernamental), descentralizando al mximo la administracin (envo de fondos en forma directa a las instituciones ejecutoras), y garantizando la transparencia y control de su gestin a travs de la participacin activa de la sociedad civil (Grupo Sophia, 2002:24). En septiembre de 2002 surgi la campaa El Hambre ms Urgente. El grupo impulsor de la iniciativa congreg a tres medios de comunicacin (el diario La Nacin, el programa radial La Cornisa conducido por Luis Majul, y los canales de aire y cable de Amrica 2) cuya presencia garantizara el alcance masivo de la propuesta, y cuatro OSC (Grupo Sophia, Fundacin Poder Ciudadano, Grupo Vox Populi, y Red Solidaria, de las cuales las primeras dos fueron las ms activas en torno al proyecto). Para comenzar, segn los especialistas del campo de la nutricin, el hecho de definir el problema a abordar asociado con el hambreincurra en un error, alejndose de los problemas que atravesaba y atraviesa la sociedad argentina: obesidad y sobrepeso. Asimismo la instalacin del hambre en la agenda pblica y meditica hicieron que fuera polticamente incorrecto oponerse a la campaa, segn declara un especialista en nutricin: Marketineramente el hambre es un buen nombre, El hambre es ms urgente () Nosotros, an en aquellos momentos empezbamos a preocuparnos por la aparicin de la obesidad y el sobrepeso como un nuevo problema de la actividad profesional, pero an as fuimos, si se quiere arrastrados, por una presin muy fuerte constatada en las cifras, digamos, cualquier cosa que analizabas daba cuenta de una situacin de riesgo, de inseguridad alimentaria muy fuerte en la poblacin y, por lo tanto, la primera cuestin que surga en la agenda era bueno, en este momento hay que atender la necesidad urgente de alimentacin, an cuando alguna campanilla nos sonaba en las neuronas diciendo ojo que el problema puede ser otro. Ahora bien, a pesar de que claramente la propuesta fue del Grupo Sophia cada uno de los actores tena su sentido en el grupo promotor de la campaa. En palabras de uno de los responsables de Grupo Sophia Cada uno aportaba como poda. La Nacin lo que aportaba era contratapa del diario del domingo, Majul pona los ojitos y el nombre en todas las cosas de La Cornisa. Pero la propuesta tcnica no fue discutida con el grupo digamos.

El Grupo Sophia es una OSC fundada en 1994. Uno de los fundadores y actual miembro de la fundacin es Horacio Rodrguez Larreta (hijo), actual Jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de las actividades que realiza se encuentran la publicacin de documentos de trabajo e informes sobre la administracin pblica, propuestas de polticas pblicas y gestin pblica.
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Respecto de los impulsores de la campaa, se trata de personajes con cierta influencia en la agenda pblica. Como seala un ex directivo de Poder Ciudadano, responsable de la Campaa: Ya aprobada la ley y puesto en marcha el proyecto hay una alianza muy fuerte de presencia fsica con Alicia Kirchner, que cualquier pequeo problema, te llamaba por telfono a las 10 de la noche y ah estaba Majul, Fernando, Hernn y Horacio Rodrguez Larreta para escuchar largusimas explicaciones de que no era cierta una noticia que haba aparecido. El proyecto se impuls utilizando el mecanismo constitucional de la Iniciativa Popular24, que establece el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a presentar un proyecto de ley para su tratamiento por el poder legislativo. Aunque por medio de esta herramienta la ciudadana no legisla directamente, activa el mecanismo legislativo, lo que provoca que la propuesta, con el respaldo de numerosas firmas, ingrese en la Cmara de Diputados de la Nacin. Es el Congreso el que finalmente dispone su sancin en forma de ley. El grupo coordinador decidi complementar esta herramienta con el mecanismo de la audiencia pblica, a fin de debatir el contenido y alcance del proyecto con distintos sectores de la sociedad. Asimismo, se consider necesario consensuarlo con los actores representativos en temas de pobreza e infancia. La metodologa de la audiencia pblica consisti bsicamente en la conformacin de un panel de expositores (los promotores de la campaa), observadores, expertos en temas de pobreza, niez, polticas sociales, salud, diputados, senadores, Defensores del Pueblo, miembros del Poder Judicial, OSC , pblico en general y un moderador (Poder Ciudadano, 2002: 5). La audiencia pblica result en la modificacin sustantiva del proyecto original. El anlisis de ambos proyectos revela modificaciones sustanciales con respecto al papel de la sociedad civil en la implementacin y control del programa. Este proyecto consensuado en la audiencia pblica fue difundido por el grupo coordinador a fin de recolectar la cantidad de firmas estipuladas por la ley de iniciativa popular, consiguindose el 1,5% del padrn electoral en 17 distritos y recolectando 1.200.000 firmas aproximadamente (Poder Ciudadano, 2002: 53). La iniciativa, en tanto fue tenida en cuenta en todos los debates parlamentarios en que estuvieron en consideracin diferentes proyectos legislativos de diferentes fuerzas polticas25, fue vital para la sancin de la Ley N 25.724 el 27 de diciembre de 2002, dndose lugar al PNSA. Siguiendo a Acua (2003), esta paradjica articulacin de objetivos de asistencia y participacin ya haba tenido lugar con la implementacin del Programa Materno InfantilPMI y Nutricin -PROMIN I (1993-1998) y II (1997-2003). Aunque la participacin de la sociedad civil en los programas haba sido presentada como una de las estrategias centrales para alcanzar los objetivos, otorgando el poder de decisin a los distintos actores intervinientes por medio de la conduccin, programacin y evaluacin local permanente, esta fue una de las reas que present mayores deficiencias en el desarrollo del programa (Acua, 2003: 270). En ninguno de los programas alimentarios se tuvo en cuenta que la participacin por s sola no genera la consecucin de un objetivo. Cuando los procesos participativos no se anclan en algn espacio institucional se vacan de contenido, quedando reducidos a declaraciones retricas que posibilitan la apropiacin

Esta herramienta se encuentra regulada por la Ley N 24.747, que reglamenta el artculo 39 de la Constitucin Nacional, y fue utilizada por primera vez en la campaa Jubilemos los privilegios en marzo del 2002, encabezada por Poder Ciudadano y Luis Majul. 25 Se brindar un mayor detalle de las iniciativas en el punto 4 del presente trabajo.
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estatal de la legitimidad generada en la esfera social (tal como se evidenci con la apropiacin del nombre de la campaa en el programa). En este mismo sentido, el propio informe de Poder Ciudadano, luego de varios aos, seala que los objetivos que se plantearon en la campaa fueron muy reducidos, y carecieron de una discusin en profundidad sobre la dicotoma entre polticas universales (ms ligadas a derechos) y polticas focalizadas (ms prximas al formato de beneficios asistenciales) (Poder Ciudadano, 2003:4). El contexto de crisis de representacin poltica y los altos niveles de conflictividad poltica abrieron espacios de accin para la esfera social, pero esos espacios no fueron finalmente aprovechados para darle un giro a la discusin sobre temas alimentarios. En esta lgica, la iniciativa popular del Hambre Ms Urgente contribuy no slo a sostener la continuidad de las cajas de comida y los comedores, sino que instal el tema en la agenda pblica sin discutir la temtica de la alimentacin en tanto derecho. Resulta interesante observar como los actores de la campaa no reconstruyen negativamente la apropiacin del nombre de la misma por parte del gobierno, incluso lo captan en trminos de las fortalezas de la sociedad civil para incidir. Como seala la misma responsable de Sophia: Yo tuve una mirada naif, a m no me molest que se apropie, al contrario, van a hacer algo. Perspectiva similar tuvieron desde Poder Ciudadano, tal como comenta uno de sus ex directivos: Si queremos dejar de hacer programas exitosos e incidir en polticas pblicas, tenemos que estar dispuestos a asumir los riesgos, prepararnos pero tambin asumir los riesgos de lo que implica eso. Que el Estado se apropie, en el buen sentido o en el mal sentido, de lo que uno propone. Si se apropia bien, acompas; si se apropia mal, audits y denuncis. El problema es que la sociedad civil no tiene escala para poder controlar el buen sentido de una apropiacin. Aunque pblicamente, incluso en la conferencia de prensa que dio origen al programa se enfatiz en el surgimiento del PNSA basado en la campaa de la sociedad civil (HMU), algunas de las entrevistas con profesionales del campo de la nutricin y con actores estatales arrojan opiniones diferentes y colocan al Foro para un Plan Nacional de Alimentacin y Nutricin26, como un espacio central para esta discusin y en gran medida como el verdadero espacio de surgimiento de la poltica. Uno de los tcnicos del Ministerio de Salud y experto en temas alimentarios, menciona con relacin a este punto:

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Organizado por el Consejo Nacional de Coordinacin de Polticas Sociales (cuya presidenta honoraria era Hilda Chiche Gonzlez de Duhalde), con el auspicio de UNICEF, el 11 y 12 de julio de 2002 en la Biblioteca Nacional. Como indica el documento que le dio origen al Foro: Para encontrar caminos para construir una poltica alimentaria, hemos empezado por el principio: reunir en un Foro Nacional a los expertos de todo el pas en materia de nutricin y alimentacin, con el objetivo de que la toma de decisiones sobre polticas alimentarias no se realice sin tener en cuenta el aporte de los que dedicaron toda su vida al estudio y tratamiento de esta temtica

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En julio de 2002 organizaron un Foro de discusin sobre temas alimentarios, donde participaron muchas personas y Ministerio de salud lo organizaba. Sali un proyecto de ley que fue presentado en Diputados. A esa altura haba 14 proyectos de los ms diversos, desde Ubaldini que quera gravar el sector inmobiliario para planes alimentarios. Ellos convocaron hasta COPAL pero COPAL llego un momento que le dijo a ella que no los llamen mas que no iban a ir porque en realidad ellos hacan lobby oculto y no iban a participar en este tipo de espacios []. El proyecto que envo el Ministerio de Salud tena 4 partes: produccin, distribucin, consumo-asistencia y medidas compensatorias). La idea era transversal, que cruzaba a los ministerios y contaba con la participacin directa de expertos en cuestiones alimentarias. Ahora bien, qu sucede luego?, De qu manera se articula este proyecto con la campaa HMU? Desde la visin de los propios funcionarios del Ministerio de Salud y del MDS, se trat ms de un hacer como si fuera el origen real del programa por parte de los actores estatales a la vez que era funcional para las organizaciones. Ms all la discusin sobre su origen, es al menos limitada la verdadera incidencia y la capacidad de innovacin de la sociedad civil en comparacin con el propio Estado para plantear un modelo de poltica social alternativo (en este caso alimentaria). Por su parte, resulta relevante que, desde el Estado aparezca como necesaria la interrelacin con la sociedad civil y la apelacin a esta esfera como legitimadora e inspiradora (ms an al apropiarse del nombre de la campaa) a pesar de que el contenido ltimo haya estado previamente delineado principalmente por los tcnicos del Ministerio de Salud.

4. El rol del parlamento en torno al PNSA. Surgimiento por ley y la (infructuosa) tarea de pedir informacin
La sancin del PNSA, que en su debate parlamentario tuvo presente en todo momento la iniciativa popular HMU, desde un punto de vista estrictamente legislativo tuvo su origen en un Proyecto de Ley27 del Diputado Guillermo Amstuz (Justicialista Mendoza), el cual tuvo giro en la Cmara de Diputados a las Comisiones de Accin Social y Salud Pblica y Presupuesto y Hacienda. El proyecto fue tratado sobre tablas en el pleno de la Cmara baja en la sesin del 28 de Noviembre de 2002 junto con otros siete proyectos de diversos legisladores de diferentes extracciones partidarias28. Esto evidencia una repercusin en prcticamente todos los bloques polticos de la temtica del hambre en el contexto de la crisis, y de la presin popular y meditica de la propia campaa HMU. En cuanto al contenido de las iniciativas parlamentarias, la mayora de ellas proponan la creacin de un plan de emergencia alimentaria para todo el territorio nacional para personas que se encontraran bajo la lnea de pobreza29.
Expte. 7551-D-2001 Se trata de los Exptes. 7567-D-2001 y 6309-D-2002 de la Diputada Silvia Virginia Martnez (Justicialista Buenos Aires), del Expte. 7554-D-2001 de la Diputada Elisa Carri (ARI Chaco), del Expte. 0811-D-2002 del Diputado Miguel Roberto Mukdise (UCR Santiago del Estero), del Expte. 2484-D-2002 de la Diputada Nilda Garr (FREPASO Ciudad de Buenos Aires), del Expte. 5977-D-2002 del Diputado Leopoldo Moreau (UCR Buenos Aires), y del Expte. 6384-D-2002 de la Diputada Martha Carmen Alarcia (Justicialista Crdoba). 29 Algunos de los proyectos plantearon el financiamiento con partidas presupuestarias destinadas al pago del servicio de la deuda pblica. Una de las iniciativas, por su parte, plante la creacin de una canasta bsica de alimentos integrada por una variada clase de productos alimenticios,
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Continuando con el relato del origen de la Ley 25.724, en el mismo da del tratamiento sobre tablas en la Cmara de Diputados de los proyectos mencionados, se produjo la media sancin. La misma ingres al Senado y fue incluida en el temario del decreto de Convocatoria a Sesiones Extraordinarias dictado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), por lo que se habilit a la Cmara de Senadores a su tratamiento. Las comisiones a las que fue girada la iniciativa en Senado fueron Asistencia Social y Salud Pblica, Familia y Minoridad y Presupuesto y Hacienda, pero no existi dictamen de dichas comisiones ya que se solicit y se aprob el tratamiento sobre tablas de la media sancin de Diputados, y la misma tuvo sancin en Senado en la madrugada del 27 de Diciembre. La ley 25.724 finalmente fue promulgada de hecho el da 16 de Enero de 2003. Es para destacar fuertemente el surgimiento del PNSA por ley del Congreso Nacional. Ello constituye en s mismo un hecho novedoso al compararlo con otras polticas sociales relevantes surgidas entre los aos 2002 y 2011, que no contaron con tal origen. En ese conjunto podemos mencionar a las restantes polticas sociales destacadas del perodo destinadas a sectores vulnerables de la poblacin y por fuera de los asalariados formales. En este grupo, cabe mencionar como los ms significativos al Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, al Plan Nacional de Desarrollo Local y Economa Social Manos a la Obra, al Programa Familias por la Inclusin Social, al Programa Ingreso Social con Trabajo dentro de la iniciativa Argentina Trabaja-, y a la Asignacin Universal por Hijo para Proteccin Social (AUH)30. Ms all de su surgimiento por ley, entre 2002 y 2011 se han presentado 45 iniciativas legislativas en relacin al PNSA, habiendo tenido como cmara originaria Diputados 26 proyectos, y Senado, 19. Entre los proyectos originados en la Cmara de Diputados, se destacaron en nmero los proyectos de resolucin consistentes en pedidos de informacin al PEN sobre el PNSA. Siete de tales iniciativas intentaron conocer la aplicacin del Plan en provincias especficas y/o solicitar informacin respecto de irregularidades en el marco de sus jurisdicciones, compartiendo todas ellas el hecho de no contar con tratamiento. Otras seis iniciativas legislativas en busca de informacin del PEN, pretendieron conocer resultados a nivel nacional sobre la aplicacin y ejecucin del PNSA, y slo una de ellas cont con tratamiento y aprobacin. Otros proyectos, por su parte, consistieron en solicitudes al PEN para que proceda a realizar pagos del PNSA en determinadas provincias, sin contar con tratamiento legislativo. En relacin a los proyectos sobre el PNSA con cmara originaria Senado, tambin la gran mayora de las iniciativas consistieron en pedidos de informacin al PEN. Algunas de ellas pretendieron informacin sobre la aplicacin del plan en alguna provincia en particular, y otras, solicitaron informacin de la aplicacin e instrumentacin del PNSA a nivel nacional, poniendo foco en la cantidad de titulares, partidas destinadas, impacto alcanzado, lugares seleccionados para la aplicacin del PNSA, etc. (Carrasco, 2011: 90-96) Un denominador comn en el conjunto de iniciativas legislativas que pretendieron informacin respecto del PNSA o modificaciones del mismo, fue la falta de tratamiento. Pero dicho rasgo ha sido compartido por la gran mayora de proyectos presentados en el parlamento. Muy pocas iniciativas de los legisladores han tenido tratamiento y, menos
exentos del impuesto al valor agregado cuando el comprador sea un consumidor final, el Estado nacional, las provincias, los municipios, la CABA u organismos centralizados o descentralizados de su dependencia, comedores escolares o universitarios y obras sociales. Y otro de los proyectos, circunscribi la propuesta de emergencia alimentaria al noroeste argentino. 30 Respecto de la AUH, cabe aadir que existan numerosas iniciativas legislativas con estado parlamentario al momento del dictado de su decreto de creacin, lo cual refuerza an ms la notoriedad de surgimiento por ley del Congreso del PNSA.

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an, aprobacin. Y ms lejana an la posibilidad de lograr la sancin de una ley (Carrasco, 2011: 127-128)

5. Transferencias de ingresos y programas alimentarios: diferentes intervenciones, las mismas familias

Desde 2002 hasta 2009, en paralelo al PNSA, Argentina cont con diversos programas de transferencias condicionadas de ingresos (PTCI) a las familias en situacin de vulnerabilidad, desde el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados -surgido a partir de la crisis de 2001/2-, y el Programa Familias por la Inclusin Social, creado en el ao 2004. Surgidos como consecuencias de las sucesivas crisis acaecidas en varios pases de Amrica Latina a fines de los aos noventa, los PTCI suelen caracterizarse por otorgar transferencias, generalmente a hogares pobres y establecer ciertas condicionalidades vinculadas a la asistencia escolar y vacunacin de los nios/as y adolescentes integrantes de los hogares receptores. Pautassi y Zibecchi (2009), explican que la combinacin entre masividad en la cobertura, know how tcnico instalado tras varios aos de focalizacin y una transferencia directa del subsidio al destinatario representaron una triada irrebatible, que fue instalando en la regin a estos programas como la gran alternativa, a los que se les agrega que, de acuerdo a las evaluaciones, reducen ciertas redes de intermediacin. Asimismo, fueron recomendados y en muchos casos financiados por los organismos internacionales de asistencia crediticia, formando parte del post-consenso de Washington. Entre sus objetivos se proponen a la vez que aumentar el nmero de nios que asisten a la escuela y/o mejorar las condiciones de salud con la intencin de reducir la pobreza y el trabajo infantil; fundamentalmente evitar que familias caigan en condiciones de pobreza an ms extremas. En algunos casos tambin implican alcanzar una mejora institucional ms amplia a partir de ofrecer una ayuda financiera complementaria a las escuelas y centros sanitarios31. Los PTCI y los programas alimentarios se presentan como un punto de enlace donde confluyen en mltiples casos las mismas familias con diversa situacin de vulnerabilidad. De hecho, los ingresos suficientes son una condicin elemental para mejorar el acceso a los alimentos en una poblacin 93% urbana, junto con la educacin alimentaria para saber elegir, y alimentos saludables entre los cuales optar (Aguirre, 2011, 31). Cabe detenerse en este punto y despejar una confusin. Los avances en trminos de la bancarizacin del programa iniciados desde el 2007, no implican que el contenido del PNSA se transforme en un PTCI. Por el contrario, como seala el propio Informe del MDS: No solo porque persisten modalidades prestacionales bajo la forma de bienes de uso (mdulos alimentarios), sino porque las acreditaciones en las tarjetas no habilitan la extraccin de dinero en efectivo, no permiten la compra de cualquier producto (MDS, 2012) De hecho, con la tarjeta slo se pueden comprar alimentos y existe un control sobre la compra realizada / tipo de productos adquiridos). Sin embargo, a pesar de estos obvios entrecruzamientos, durante el perodo 2002-2009 los PTCI no tuvieron puntos de contacto con los programas alimentarios, en la prctica llegaron a las familias como intervenciones desarticuladas y voltiles incluso cuando se
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Para un mayor desarrollo de las caractersticas de los PTCI en la regin cfr. Pautassi y Zibecchi, (2009) y Zaga Szenker (2009). Para un mayor desarrollo de los PTCI en el caso argentino, cfr. CELS (2004 y 2007); Pautassi, Arcidicono y Royo (2009), Arcidicono, Carmona y Straschnoy (2011) y para una vinculacin entre la cuestin alimentaria, el cuidado y los PTCI , cfr Arcidicono, Pautassi y Zibecchi (2011).

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trata en muchos casos (como el PNSA y el Programa Familias) del mismo Ministerio (MDS) (Arcidicono et al, 2011). Si bien la falta de integralidad no fue una caracterstica diferencial del periodo, llama la atencin el nfasis que se coloc en sostener una visin integral de la oferta estatal, sobre todo desde la cartera de Desarrollo Social (vgr. Resolucin MDS 2040/03). Cabe repensar este escenario a la luz del surgimiento de la Asignacin Universal por Hijo para la Proteccin Social (AUH) hacia octubre de 2009. Esta nace como un subsistema no contributivo dentro del rgimen de las Asignaciones Familiares, destinado especialmente a los hijos de los trabajadores informales y desocupados32 e impacta directamente en los niveles de pobreza e indigencia, al transferir ingresos a los hogares y cubrir hacia el ao 2011 a 3.507.988 nios (ANSES, 2011). Si bien la Asignacin no fue concebida como una medida alimentaria, al contar con una amplia cobertura y una transferencia que actualmente alcanza los $270 por hijo/a, esta impacta en el acceso a alimentos por parte de las familias (Aguirre, 2011). Como seala tanto un informe del Ministerio de Educacin (2011) como un informe del Ministerio de Salud de la Nacin (2012), algunos de los usos ms frecuentes de la AUH incluyen la compra de alimentos. Segn el ltimo de los informes, aument el consumo de carne, lcteos, se agreg una comida adicional en la dieta diaria (en general la cena), mejoraron la calidad de los alimentos a travs de la incorporacin de marcas ms prestigiosas, entre los principales consumos, y tambin aumentaron los gastos en indumentaria, cultura, equipamiento y bienes varios. En este marco, cabe preguntarse si es posible pensar la reconversin de los programas alimentarios a la luz del fortalecimiento y masificacin de una poltica de transferencia de ingresos a los hogares con mayor vulnerabilidad. Esto cobra sentido sobre todo al partir de la importancia de los ingresos para acceder a los alimentos, sumado a los cuestionados resultados de los sucesivos programas alimentarios33. En palabras de un ex Ministro de un rea social: El tema de seguridad alimentaria, yo creo que las cosas no pasan por dar alimento de ninguna manera a la gente. Lo que necesita es ingreso y capacidad de aprovechar ese ingreso adecuadamente que por otro lado yo creo que hay subyacente una subestimacin de la capacidad de la gente para aprovechar el ingreso y alimentarse bien, la capacidad de los pobres sobre todo, se supone que la clase media se alimenta bien, pero en verdad se alimenta muy mal sobre todo en trminos del resultado nutricional. Coincidentemente seala un especialista en nutricin:

Prcticamente un ao y medio ms tarde de la AUH, el 1 de marzo de 2011, en ocasin de la inauguracin del ao parlamentario, la Presidenta Cristina Fernandez anunci la creacin de la Asignacin Universal por Embarazo para Proteccin Social (AUE) (DNU 446/11) como parte del subsistema no contributivo dentro del rgimen de Asignaciones Familiares. 33 Pinsese en las observaciones de los informes de auditora del PNSA expresadas en el punto 1 del presente trabajo.
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Desde mi personalmente planteamos que sera una buena cosa que existieran cada vez menos programas que distribuyan alimentos o que den de comer en comedores mugrosos, partiendo de la base que durante por algunos aos ms, quiz por unos cuantos aos ms, va a seguir siendo necesario algn tipo de poltica de asistencia social alimentaria no?. Yo creo que efectivamente inyectando ingresos en las familias pobres, digamos, ese ingreso siempre se va a traducir en alimentos, seguramente que si adems de eso instrumentamos una campaa nacional de educacin alimentaria, eso se va a mejorar, pero creo que tan slo inyectando ingresos vamos a mejorar seguramente la situacin. Desde ya, esta mirada no implicara la eliminacin de la intervencin estatal en materia alimentaria, sino que implicara discontinuar el reparto de cajas de alimentos, tickets o tarjetas alimentarias con algn tipo de condicionamiento y repensar los comedores. Es decir, lo importante sera el fortalecimiento de lo que Aguirre (2011) denomina los otros dos componentes del trpode (ms all de los ingresos para acceder a alimentos), lase: educacin alimentaria para saber elegir, y alimentos saludables entre los cuales optar. En cuanto a acceso a alimentos, seran las polticas de transferencia de ingreso las que potenciaran a los hogares en esta direccin, brindndoles adems la autonoma a las familias, a travs de las transferencias no atadas a productos, para adquirir as mayores capacidades para disear una estrategia familiar de consumo propia acorde a sus necesidades.

6. Lo ltimo: nuevas iniciativas parlamentarias. Seguridad y soberana alimentaria.

Habiendo hecho referencia al rol del parlamento en relacin con la principal poltica alimentaria destinada a sectores vulnerables del perodo -el PNSA-, en el mbito del Poder Legislativo Nacional (PLN) hay algunos otros puntos para destacar, esencialmente entre 2009 y 2011. El mismo ao 2009, mostr al parlamento argentino con numerosos proyectos en torno a la existencia de un ingreso para el universo de nios, nias y adolescentes, que no contaron con tratamiento34, mientras que paralelamente se produjo la implementacin de la Asignacin Universal por Hijo (AUH) va decreto de necesidad y urgencia del PEN, ya mencionado anteriormente. Asimismo, han existido en ambas Cmaras del PLN diversas iniciativas solicitando informacin al PEN sobre casos de desnutricin en diferentes provincias, lo cual aparece en sintona con la descripcin de los aos post 2008 como un perodo de redescubrimiento de la pobreza, luego del sexenio de la abundancia 35. En este sentido, uno de los proyectos propuso la creacin en el mbito de la Cmara de Diputados de una Comisin de Estudio sobre desnutricin y hambre en Argentina36. Una iniciativa vinculada al derecho a la alimentacin que debe destacarse y, esencialmente por el hecho de que consigui aprobacin, es un Proyecto de Resolucin
Para un conocimiento en profundidad de tales iniciativas, cfr, en Carmona Barrenechea y Straschnoy (2008) y Carrasco (2011). 35 La Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL) denomina sexenio de la abundancia al ciclo comprendido entre los aos 2002-2008 que marc un escenario de recuperacin econmica importante en la regin. Y el fenmeno de redescubrimiento de la pobreza en Argentina a partir de 2008, es descrito en Pautassi (2010) 36 Expte. 0003-D-2011.
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de la Diputada oficialista por Mendoza Amanda S. Genem37, por medio del cual la Cmara de Diputados de la Nacin resolvi Adherir a la constitucin del Frente Parlamentario contra el Hambre de Amrica Latina y el Caribe (FPCH), realizado en el contexto de la Conferencia Interparlamentaria sobre Derecho a la Seguridad Alimentaria. Asimismo, por medio de dicho proyecto, se resolvi acompaar todos los esfuerzos parlamentarios de los pases de la regin que, apoyados por la Oficina Regional de la FAO para Amrica Latina y el Caribe, buscarn promover leyes sobre seguridad alimentaria y nutricional, en la intencin de concretar el derecho a la alimentacin, a travs del trabajo legislativo; asistir adecuadamente a la creacin de instituciones de toda ndole y alcance, tales como leyes, organismos, polticas, y/o programas especficos para hacer frente a la problemtica del hambre en la regin, y disponer la creacin de la Comisin Especial de Estudios contra el Hambre (CEECH), enmarcados con los objetivos del Frente Parlamentario contra el Hambre . Sobre las iniciativas hasta aqu presentadas, puede concluirse que es positiva la presencia en la agenda legislativa reciente del tema alimentario y la decisin del PLN de acompaar los esfuerzos de la FAO en pos de garantizar el derecho a la alimentacin y la seguridad alimentaria en el pas y la regin. Por otra parte, otro suceso en el mbito parlamentario a destacar es la irrupcin de un nuevo concepto, a saber: la soberana alimentaria38. Por un lado, bajo esa denominacin se present un proyecto de ley (sin tratamiento)39, el cual propone, entre otras cosas, la derogacin del PNSA. Y, por otra parte, en el marco de la Cmara de Diputados de la Nacin durante el ao 2010 se llevaron a cabo una Audiencia Pblica y sucesivas reuniones de trabajo en mesas temticas que continuaron en 2011, sobre Soberana Alimentaria40. La Audiencia fue convocada por la Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires Liliana Parada junto al interbloque Proyecto Sur, y cont con la presencia de diversos referentes acadmicos y sociales, gremialistas de la Asociacin de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputados y diputadas de centroizquierda. En dicha audiencia se abord no slo la temtica del derecho a la alimentacin y la seguridad alimentaria, sino que, como indica el propio nombre de la convocatoria, se trataron temas ms relacionados con un modelo de desarrollo capaz de asegurar la Soberana Alimentaria. Las diferentes mesas temticas (Semillas, Propiedad de la tierra, Experiencias alternativas al actual modelo , Derecho a la alimentacin , y Sustentabilidad del modelo), se constituyeron con el sentido de conformar equipos de expertos, tcnicos, acadmicos y referentes sociales y/o gremiales para lograr la legislacin y los cambios sociales e institucionales necesarios que requiere el nuevo concepto. Desde este
Expte. 4782-D-2009. Siguiendo a Carballo (2011), quien rescata una definicin de la organizacin Va Campesina, la soberana alimentaria constituye el derecho de los pueblos a definir sus propias polticas sustentables de produccin, transformacin, comercializacin, distribucin y consumo de alimentos, garantizando el derecho a la alimentacin de toda la poblacin. El Foro Mundial sobre Soberana Alimentara (2001), por su parte, precisa que "La Soberana Alimentaria presupone la soberana poltica, econmica, cultural de toda una nacin, y es la matriz de su independencia, y el Estado debe jugar un rol indelegable en garantizarla. En contraste a la seguridad alimentaria, que se centra en la disponibilidad de alimentos, la soberana alimentaria destaca tambin la importancia del modo de produccin de los mismos y su origen. En ese sentido, la soberana alimentaria va ms all de la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentacin, ya que no se restringe a asegurar el alimento para toda la poblacin, aunque este sea uno de sus objetivos. 39 Expte. 3792D2010. 40 Ms informacin sobre la audiencia realizada y el detalle de las mesas de trabajo, puede encontrarse en el sitio propio de la iniciativa: http://hacialasoberanialimentaria.blogspot.com
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concepto ms amplio que plantea la soberana alimentaria, incluyente de modelos de desarrollo, podra agruparse en torno al mismo y citarse como hito parlamentario relevante hacia el final del perodo de anlisis si bien excede los propsitos de este trabajo-, la sancin en Diciembre de 2011 de la ley de tierras (Ley 26.737 Rgimen de Proteccin al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesin o Tenencia de las Tierras Rurales), por medio de la cual se limita la adquisicin de tierras nacionales por parte de extranjeros. Cabe culminar diciendo que al introducirse la nocin de soberana alimentaria, se configura una ruptura discursiva y de iniciativas de polticas respecto de la alimentacin, en convivencia con propuestas ms acotadas pero an no logradas como ser el efectivo cumplimiento del derecho a la alimentacin y la realizacin de la seguridad alimentaria en el pas.

7. Conclusiones
Indudablemente el PNSA por su cobertura y relevancia presupuestaria implic un cambio en la poltica alimentaria destinada a sectores en situacin de vulnerabilidad. Como se revis en este artculo, particularmente tres novedades lo diferenciaron de las anteriores intervenciones alimentarias y en general de los diferentes programas sociales surgidos como respuesta a la crisis argentina de 2001/2. Se trata de la incorporacin en su denominacin del concepto de seguridad alimentaria, el surgimiento asociado a la participacin social (campaa meditica, iniciativa popular), y su origen a travs de una ley del Congreso. En cuanto a la incorporacin del discurso de los derechos y de seguridad alimentaria, an queda un largo camino por recorrer en la implementacin de esta perspectiva. Todava en materia alimentaria persiste un esquema poltico caracterizado por oferta de beneficios asistenciales, multiplicidad de programas otorgados discrecionalmente, falta de participacin de los receptores en la construccin de la poltica, permanente redenominacin de viejos programas, falta de control y falencias en materia de informacin pblica (tanto en trminos de produccin como de acceso). Por estas razones es importante sostener una mirada atenta sobre el diseo y la implementacin de las polticas pblicas seleccionadas, indagar sobre los actores y las dinmicas que le dan origen, superar los cambios meramente discursivos, comprender hasta qu punto se trata de un uso retrico del derecho y tener una consideracin integral de la actividad del Estado. En cuanto a la participacin de la sociedad civil en la campaa El hambre ms urgente, si bien implic en s misma una forma novedosa al tratarse de ms de un milln y medio de firmas promoviendo una poltica pblica, dicha capacidad para la puesta en marcha de una iniciativa de tamaa envergadura no se orient a la transformacin del contenido de la poltica alimentaria para el pas, ms bien termin siendo portadora de visiones conservadoras. La pregunta que queda abierta es qu hubiese sucedido si desde la sociedad civil se hubiera planteado la exigencia de establecer polticas acordes con el derecho a la alimentacin y la seguridad alimentaria o se hubiera obligado al Estado a dar una respuesta innovadora que incluso implicara la ruptura con las polticas alimentarias anteriores. Por una parte, la sociedad civil no innov en el planteo de una poltica alimentaria y, por otra parte, el Estado se apropi del nombre de la campaa para lanzar una poltica que en grandes lneas ya estaba definida previamente por los propios actores de la burocracia ministerial.

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Respecto del rol del parlamento en relacin al PNSA, cabe reconocer que la presin social y meditica oper fuertemente sobre el Poder Legislativo Nacional, que, en el contexto de la crisis 2001/2 y de la visibilizacin de la campaa HMU, present desde los diversos bloques polticos iniciativas legislativas en relacin con la temtica del hambre, y, estando presente en los debates legislativos la masiva campaa popular, se dio un rpido tratamiento a tales proyectos consagrndose el PNSA por ley del Congreso, siendo ello en s mismo una diferencia frente al resto de las polticas sociales relevantes del perodo 2002-2011 destinadas a sectores vulnerables, que no conocieron tal origen parlamentario. Por otra parte, han existido en el PLN numerosos proyectos solicitando informacin al PEN respecto del PNSA en cuanto a debilidades e irregularidades en su implementacin, que no han tenido tratamiento. Hacia el final del perodo de anlisis, es positivo encontrar en la agenda legislativa el tema alimentario y la decisin del PLN de acompaar los esfuerzos de la FAO en pos de garantizar el derecho a la alimentacin y la seguridad alimentaria en el pas y la regin, as como tambin la llegada de nuevas propuestas bajo la concepcin de soberana alimentaria, con una mirada que incluye al derecho a la alimentacin, y propone asimismo modelos de desarrollo y un abordaje ms integral. En apretada sntesis, el PNSA como poltica alimentaria en la Argentina post crisis 2001/2 no implic transformaciones sustantivas en la forma de concebir las polticas alimentarias, es decir continu primando sobre todo en su implementacin, una lgica gastronmica a travs del reparto de alimentos o transferencias para el sostenimiento de la modalidad de comedores. Ms an, cuando se piensa en el PNSA a la luz de los programas de transferencias condicionadas de ingreso destinados en la mayora de casos a las mismas familias y surgidos en el contexto de la crisis, se hace visible que se trat de programas superpuestos que no se articularon entre s salvo algunas excepciones. Queda como desafo inmediato superar esta concepcin de las polticas alimentarias y lograr las articulaciones de las intervenciones en materia alimentaria con otras polticas destinadas a las familias, as como tambin la adecuacin a un enfoque basado en derechos, capaz de garantizar contenidos mnimos y satisfaccin plena, participacin, buenos diagnsticos y adecuada rendicin de cuentas.

Bibliografa:
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Anexo Metodolgico
El artculo refleja algunos de los hallazgos de la tesis de Doctorado en Ciencias Sociales (UBA) de Pilar Arcidicono, titulada Estado y sociedad civil: proveedores de bienestar social? Polticas sociales en Argentina (2002-2007) y de la tesis de Maestra en Diseo y Gestin de Polticas y Programas Sociales (FLACSO) de Maximiliano Carrasco, titulada Polticas sociales en el parlamento argentino (2002-2009). Si bien el presente artculo slo se concentra en el caso del PNSA (y colateralmente en los programas de transferencias condicionadas de ingresos) y ambas tesis involucran otros casos de poltica pblica y problemticas, cabe detallarse de manera integral el abordaje metodolgico utilizado en ambos trabajos. El estudio de caso del PNSA y los PTCI se bas en un abordaje cualitativo, desde una perspectiva macrosocial, mediante, por un lado, las representaciones sociales de los actores claves de las polticas analizadas (funcionarios estatales, legisladores, asesores de legisladores, lderes de OSC, investigadores y acadmicos) y, por otro lado, el anlisis de los documentos pblicos que le dan sustento legal y operativo, incluyendo dictmenes de comisiones del Congreso, proyectos de ley y diversas normativas reglamentarias. En tal sentido, combina un enfoque de anlisis de poltica pblica (atravesado por una perspectiva de derechos) con un enfoque de sociologa interpretativa como modo de interpretacin del desarrollo de las polticas bajo estudio. El recorte temporal es el perodo 2002-2011 ya que se ha trabajado para este artculo en la ampliacin de los perodos contemplados en las respectivas tesis (sumando entonces de 2009 a 2011). Se abarcan las fases de discusin, diseo e implementacin/consolidacin de cada una de las polticas; se cubren diferentes gestiones presidenciales y se brinda informacin sobre el proceso de diseo de cada una de las polticas pero tambin sobre su implementacin. El recorte geogrfico es el nivel nacional. La eleccin por realizar un abordaje cualitativo remite a dos razones fundamentales: por un lado, los mtodos cualitativos suponen y realizan los postulados del paradigma interpretativo, entre otros: la resistencia a la naturalizacin del mundo social (Vasilachis de Gialdino, 1993). Los mtodos cualitativos captan la definicin de la situacin que efecta el propio actor social y el significado que ste le da a su conducta, los cuales son claves para poder interpretar los hechos (Gallart, 1993). Por otro, la flexibilidad que caracteriza a estos mtodos permitir variar la aproximacin al problema planteado, pudiendo, de esta manera, modificar algunas pautas de trabajo a medida que ste se va realizando. La tcnica utilizada para acceso a los actores y constitucin de la muestra fue la de bola de nieve, donde cada informante presenta otras personas al investigador. Se acompa con la tcnica de saltar el cerco, que consiste en iniciar nuevos contactos que

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permitan el acceso a otros grupos de entrevistados (Guber, 2004). El criterio para detener el muestreo fue el de saturacin terica esto es, cuando la inclusin de un caso ya no agrega informacin relevante y la misma se alcanza mediante la recoleccin y anlisis simultneo de datos, y la maximizacin de las diferencias entre los grupos. Se diversific a los informantes claves que se tomaron en cuenta en el desarrollo del trabajo para evitar el problema sealado por Maxwell (1996) de la desviacin del informante clave; esto se produce cuando los investigadores se apoyan en pocos informantes claves para la mayor parte de su informacin o an cuando los informantes son seleccionados segn propsitos y la informacin parece vlida pero no hay garanta de que la informacin de estos informantes sean las tpicas. Las entrevistas fueron flexibles para favorecer el surgimiento de categoras relevantes; la gua de preguntas fue confeccionada luego de los primeros contactos con los actores y la realizacin de las entrevistas piloto. En la entrevista se utiliz la tcnica de grabacin magnetofnica con posterior procesamiento, al aportar un registro ms completo, concreto y detallado que otras tcnicas y se efectuaron notas de campo para captar aspectos no verbales y caractersticas ambientales. Como estrategia expositiva cuando se recurre a citas de entrevistas, se utiliza a lo largo del artculo en todos los casos una denominacin masculina para referir a los/las entrevistados/as, indistintamente se trate de personas de uno u otro sexo a fin de contribuir a preservar su identidad. A esta estrategia de recoleccin se le sum el anlisis de contenido sobre: 1) los estndares establecidos en el PIDESC y los informes producidos por el Comit de dicho Pacto, como a los dems instrumentos de DDHH, incluyendo avances doctrinarios de los ltimos aos que permitieron establecer un conjunto de obligaciones concretas de los Estado y un conjunto de estndares para luego a la luz de esta informacin analizar el alcance de la inclusin social que plantean las polticas seleccionadas, 2) la normativa nacional de las polticas, material y registros institucionales que permiten captar aspectos del discurso de los actores pero tambin elementos centrales del diseo final de las polticas pblicas, 3) evaluaciones realizadas por organismos del Estado e informacin regular que proveyeron los organismos mencionados (pginas de internet y pedidos de informacin pblica), 4) informes de OSC, sobre la implementacin de las polticas, 5) proyectos legislativos, y dictmenes de comisiones legislativas. Asimismo, se consideraron datos secundarios socio-econmicos y socio-demogrficos del perodo en cuestin (utilizando como fuentes principales la EPH y los Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda). Con respecto al mtodo de anlisis se considera la utilizacin de comparaciones constantes postulado por Glaser y Strauss (1967) a fin de generar teora. Se efectuar un estudio exhaustivo de casos elegidos por sus semejanzas en torno a las diversas variables, pero a su vez se focalizar en diferencias que sern objeto de comparacin. Para Gallart (1993), el anlisis comparativo implica un anlisis minucioso de cada caso, y en particular, de aquellos grupos de casos que tienen caractersticas comunes y muestran regularidades, as tambin como de los casos desviados. Ambos caminos seguidos son la creacin de conceptos y la elaboracin de tipologas, y se encuentran ntimamente relacionados: las tipologas al ordenar los casos permiten la elaboracin de hiptesis conceptuales sobre cada grupo de casos en cada una de sus categoras (Gallart, 1993:125).

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Listado de siglas Asignacin Universal por Embarazo para Proteccin Social (AUE) Asignacin Universal por Hijo para Proteccin Social (AUH) Asociacin de Trabajadores del Estado (ATE) Auditora General de la Nacin (AGN) Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Centro de Estudios sobre Nutricin Infantil (CESNI) Ciudad Autnoma de Buenos Aires (CABA) Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL) Comisin Especial de Estudios contra el Hambre (CEECH) Comisin Nacional de Nutricin y Alimentacin (CNNA) Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Encuesta Permanente de Hogares (EPH) Fondo Participativo de Inversin (FOPAR) Food and Agriculture Organization (FAO) Frente Parlamentario contra el Hambre de Amrica Latina y el Caribe (FPCH) Hambre ms urgente (HMU) Ministerio de Desarrollo Social (MDS) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) Observacin General (OG) Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (PIDESC) Poder Ejecutivo Nacional (PEN) Poder Legislativo Nacional (PLN) Programa Alimentario Nacional (PAN) Programa Materno Infantil (PMI) y Nutricin (PROMIN) Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) Programa de Emergencia Alimentaria (PEA) Programas de transferencias condicionadas de ingresos (PTCI) Sindicatura General de la Nacin (SIGEN) Sistema de Evaluacin y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO)

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