La política pública del derecho a la alimentación en situaciones de desastre. Caso Chía-Colombia. Propuesta de política pública de gestión del riesgo con enfoque en seguridad alimentaria.

Introducción

El proyecto denominado “La política pública del derecho a la alimentación. Caso Chía – Colombia, una propuesta de política pública de gestión de riesgo con enfoque en seguridad alimentaria” surgió por la preocupación de enfrentar la cuestión social de los últimos tiempos frente al cambio climático y como una contribución interdisciplinaria a la solución de las consecuencias de los desastres naturales en relación con la seguridad alimentaria.

De acuerdo a lo anterior, presentamos una metodología integral con un sistema de indicadores, que pretenda racionalizar el proceso de toma de decisión de los actores que se encuentran alrededor de una situación de desastre que afecta la seguridad alimentaria.

Nuestro valor agregado está en proponer una política pública de gestión de riesgo con enfoque en seguridad alimentaria basada en la realidad humana y cuya construcción es participativa debido a que en el lenguaje de riesgo no se trabaja por reducir la amenaza, sino por fortalecer las capacidades sociales del municipio para reducir los factores de vulnerabilidad.

Proceso de indagación, discusión y respuesta

Este proyecto hunde sus raíces en una pregunta que sintetiza cuestionamientos sobre los fines del ser humano relacionados con la felicidad, el desarrollo y la calidad de vida. Su respuesta (la metodología propuesta) es toda una estructura basada en la mejor forma de lograr los mencionados fines. En este entendido, el punto de partida fue el siguiente:

¿Cuál es la mejor forma de construir la seguridad alimentaria y su consecuente protección del derecho a la alimentación en un contexto de cambio climático y situaciones de desastre?

Más allá de las respuestas obvias como el trabajo interdisciplinario, la búsqueda de espacios políticos o el fortalecimiento de los procedimientos jurídicos en términos de justiciabilidad y efectividad, nuestra pregunta tenía un trasfondo cuya principal cuestión fue la indagación sobre cuál sería la mejor herramienta que permitiría al ser humano desarrollarse en toda su potencialidad en relación con el derecho a la alimentación en un contexto de desastre natural.

Frente a esto, decidimos dejar a un lado el problema jurídico, y nos enfocamos en el problema de política pública. Esta última como la herramienta por excelencia del Estado llamada a generar un espacio en el que el ser humano pueda desarrollarse como tal. Indagando sobre alguna metodología que permitiera dicho escenario, encontramos varios aspectos que debía tener nuestra investigación. Por ser los más importantes y por subsumir todas las características que creímos debía tener esta propuesta, nos enfocamos en la participación y el empoderamiento. Adicionalmente, dicha metodología debería proporcionar elementos para una verdadera seguridad alimentaria, entendida como la protección del ser humano frente a los problemas de accesibilidad, disponibilidad, inocuidad y utilización del alimento, y mediante la cual se pudieran mejorar todas las libertades humanas.

La mejor forma de lograr nuestros objetivos fue condensada en una propuesta de política pública de gestión de riesgo con enfoque en seguridad alimentaria que contiene insumos de tecnología agroindustrial y que sirve como herramienta para la racionalización de toma de decisiones del Municipio de Chía, especialmente, en situaciones de desastre. Si bien los retos institucionales, políticos y metodológicos a los que nos enfrentamos tienen que ver con un desarrollo más enfocado hacia lo local, con la despolitización de las decisiones, y con la implementación de principios de derechos humanos en la dinámica local, lo más importante es que exista una conciencia social sobre el papel de todos y cada uno de los actores para construir y para planificar.

Planteamiento del problema concreto

El contexto internacional ha estado marcado por el fenómeno del cambio climático y los efectos que se generan por la ocurrencia de desastres naturales. En especial, la seguridad alimentaria se ha visto afectada en todos sus componentes. Las diferentes agencias de cooperación y las organizaciones que han estudiado las causas y los efectos de la problemática alimentaria, frente a la ocurrencia de desastres han llegado a la conclusión que la forma más efectiva y eficaz para reducir el impacto negativo es mediante un sistema de gestión de riesgo participativo que se ajuste a las amenazas y vulnerabilidades físicas y sociales propias de cada territorio.

El Municipio de Chía en el Departamento de Cundinamarca no es ajeno a la problemática planteada pues ha sido uno de los mayores afectados por los inviernos que habitualmente se producen en Colombia en los primeros tres meses del año. En el año 2011, todas las vías de acceso al municipio se inundaron afectando los componentes de la seguridad alimentaria, y generando altos costos de recuperación ante la situación de desastre. Esta propuesta entiende que falta racionalidad en el proceso de toma de decisión de la entidad territorial, puesto que no cuenta con una estrategia con enfoque en derechos humanos que logre incorporar la gestión del riesgo y la seguridad alimentaria en un contexto de cambio climático.

Propuesta de solución. Herramienta de gestión de riesgo con enfoque en seguridad alimentaria.

Para contribuir efectiva y eficazmente al desarrollo, debe garantizarse el empoderamiento de la población vulnerable. Al respecto, la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) ha recomendado una metodología que pretende reducir los factores de vulnerabilidad de un territorio determinado mediante el empoderamiento social. Para lograr esto, la propuesta incorpora algunas acciones como la creación de un sistema participativo de gestión de riesgo que permita la planificación y la mitigación de los efectos de desastres naturales. La integración de dichos sistemas en la planificación tanto local, como la regional y nacional. La implementación multidisciplinar del mencionado sistema. Y la sistematización de la información municipal como un instrumento básico para el manejo de la gestión del riesgo.

En razón de lo anterior, creamos una herramienta que combina indicadores de seguridad alimentaria con indicadores de la gestión del riesgo. La metodología y el sistema de indicadores que proponemos es apenas un primer paso cuyo resultado es un mapa de riesgos con el cual la entidad territorial, junto con los diferentes actores de la sociedad civil, puedan diseñar una política pública de gestión de riesgo con enfoque en seguridad alimentaria que esté comprendida por una visión más amplia de desarrollo territorial. Esta propuesta tiene un enfoque participativo y de derechos humanos y debe contribuir estratégicamente al desarrollo local sin perder de vista los contextos regional, nacional y global.

En este sentido, la propuesta tiene como elementos esenciales lo que se ha denominado el método PANEL (Participation, Accountability, Non discrimination, Empowerment, Linkage, por sus siglas en inglés)7 . Está prevista para ser implementada a largo y a mediano plazo. En el largo plazo, el municipio debe identificar las personas y elementos vulnerables a la inseguridad alimentaria por causa de un desastre natural. Identificar y analizar los factores ambientales, sociales, económicos que contribuyen a la afectación de la seguridad alimentaria en relación con una amenaza de desastre natural. Identificar y desarrollar unos indicadores que determinen el grado de vulnerabilidad. Analizar las capacidades de autoprotección y de preparación. Y determinar el riesgo residual.

En el mediano plazo, el municipio debe hacer un análisis de las amenazas relacionadas con la seguridad alimentaria. Un análisis de Vulnerabilidades físicas y sociales relacionadas con cada uno de los componentes de la seguridad alimentaria. Determinar herramientas para la visualización de los riesgos. Y, atendiendo a la necesidad de plantear un sistema de indicadores se debe diligenciar una matriz en la que se relacionen los cuatro componentes de la política pública de seguridad alimentaria, con los elementos de la gestión del riesgo que puedan ayudar a cualificar y cuantificar la afectación de cada componente ante una situación de desastre, en este caso por inundación. Esta propuesta está sujeta a permanente discusión y pretende ser el primer paso de un proyecto que busca una macro solución del problema.


Juan Fernando Sánchez Jaramillo

Juan Fernando Sánchez Jaramillo

Abogado, coordinador de la Clínica Jurídica de la Universidad de La Sabana y del Semillero en Clínica Jurídica. Litigante en temas de derecho constitucional, derechos humanos y derecho administrativo. Miembro del Grupo de Investigación de Justicia, Ámbito Público y Derechos Humanos. Asesor de comunidades afro descendientes en temas de planeación a el mejoramiento de la calidad de vida.