Conferencia Magistral de Guadalupe Valdez

Es un gran honor para mi persona que el Observatorio del Derecho a la Alimentación en ALyC, me haya distinguido para abrir este VI Encuentro Regional, en mi calidad de Embajadora Especial “Hambre Cero” para la Región de América Latina y el Caribe de la FAO.

El gran desafío que tenemos como lograr erradicar el hambre, ya que a pesar de los avances, sigue siendo una vergüenza que haya más de 790 millones de personas que padecen hambre, que se van a dormir con hambre todas las noches. Es una injusticia global. Y es aquí donde constatamos que el derecho a una alimentación adecuada es un desafío para nuestras sociedades en el siglo XXI. Y un reclamo de nuestros pueblos. Y un compromiso para los tomadores de decisiones.

La propuesta de José Graziano da Silva, Director General de la FAO, de que nuestra generación se convierta en la Generación del Hambre Cero al 2030, es un fuerte llamado, que asumimos con la firme convicción de que es necesario y posible lograrlo trabajando juntos. “Podemos ser la Generación Hambre Cero. Es una meta alcanzable” cuyo objetivo es fomentar la participación de todos los sectores para la erradicación del hambre en el mundo.

La meta de la erradicación del hambre debe situarse en el centro y al más alto nivel de la Agenda de Desarrollo logrando que a su vez se consigan el resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cómo hacerlo es responsabilidad de los diversos sectores y actores, de ahí la importancia de este VI Encuentro, de los temas que se abordaran y de quienes hemos sido convocados para pensar, para construir colectivamente esos retos conceptuales para avanzar en la aplicabilidad del Derecho a la Alimentación en un contexto de innovación y de trabajo en alianzas, que requiere responsabilidad y compromiso político.

Y esa es la oportunidad que nos brinda este VI Encuentro Regional del ODA, que congrega a representantes de más de cuarenta universidades, personas de diversos sectores, como el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Parlamentarios, Sociedad Civil, ONGs, Organismos Internacionales, para generar un diálogo interdisciplinario, sobre temáticas relacionadas al Derecho a la Alimentación, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Soberanía Alimentaria, entre otras. Asimismo, se propiciará la discusión sobre los diversos enfoques de derecho, analizar su efectividad en las legislaciones nacionales y evaluar su impacto en la realización efectiva del derecho a la alimentación en la región.

Los trabajos de este VI Encuentro nos permitirán avanzar en el análisis crítico de la aplicación del Derecho a la Alimentación a políticas públicas o recomendaciones para mejorar la implementación de legislación, indicadores de progreso del derecho a la alimentación y su vinculación a los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS), análisis de la aplicación del derecho a la alimentación en el contexto del cambio climático , soberanía alimentaria en la región y justiciabilidad del derecho a la alimentación, todas las cuales deben ser abordadas a partir de la realidad de cada contexto nacional.

El 25 de septiembre de 2015, 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de 17 objetivos que contienen 169 metas que según lo previsto deberían guiar las acciones de los gobiernos, los organismos internacionales, la sociedad civil y otras instituciones en los próximos 15 años (2016- 2030). Como continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la ambiciosa Agenda 2030 adopta una visión global para las personas, para el planeta y para la prosperidad a largo plazo. Traza un plan para el futuro, que consiste en cambiar el rumbo del mundo por otro que sea sostenible y resiliente y que conduzca a la erradicación del hambre y la pobreza.

En virtud de la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados del mundo y la comunidad internacional se han comprometido a actuar en conjunto para superarlos y transformar nuestro mundo, para las generaciones actuales y futuras, y esto solo será posible si creamos conocimiento, si hacemos una gestión del conocimiento eficaz y al servicio de las transformaciones que se requieren para avanzar hacia niveles de vida que garanticen derechos, y a una transición a las vías más inclusivas, dinámicas y sostenibles para el desarrollo.

Los 17 ODS tienen como objetivo poner fin a la pobreza y el hambre mientras, al mismo tiempo, se restablecen y se gestionan los recursos naturales de forma sostenible. Integran las tres dimensiones del desarrollo sostenible – económico, social y ambiental – con metas estrechamente entrelazadas. Los ODS son indivisibles – ningún objetivo es independiente de los otros y exhortan a la aplicación de enfoques integrales y participativos. Además, son universales, ya que la Agenda 2030 es tan pertinente para los países desarrollados como lo es para las naciones en desarrollo.

El ODS Hambre Cero plantea poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Cinco pilares lo marcan:

  • poner fin al hambre
  • poner fin a todas las formas de malnutrición
  • duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala
  • asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes
  • mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados

¿Cómo se puede lograr ser la generación Hambre Cero?

  • Aumentando las inversiones, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado
  • Corrigiendo y previniendo las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales
  • asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados
  • El derecho a la alimentación debe reforzarse y convertirse en la piedra angular del proceso convirtiéndose en vinculante para todos.
  • La Nutrición ,se plantea con un doble reto: desnutrición (ventana de oportunidad 1000 días en la vida de un niño- excelente indicador de desarrollo -) y malnutrición (obesidad).
  • Abordar la SAN con un enfoque multisectorial, puede ser un objetivo propio pero también transversalizado en los otros objetivos.
  • Abordar las causas intrínsecas del hambre.
  • Transformación de la cadena de valor agropecuaria hacia modelos de sistemas agropecuarios más sostenibles focalizados en los pequeños productores y que aborden la problemática específica de cada país (productividad, mecanización, ….)+ inversión pública.
  • Sistema transparente de gobernabilidad y una alianza global para la san . gobernanza global, csa: poner en valor los logros conseguidos por el csa, (directrices sobre tenencia de tierras, gsf-marco estratégico mundial, etc) y papel que debe jugar .

No obstante, el Derecho a la Alimentación no quedó explícito en los ODS. Es uno de los principales desafíos que tiene el ODA, los académicos, los científicos, los investigadores: El posicionamiento del Derecho Humano a la Alimentación en lo más alto de las agendas públicas de América Latina y Caribe”

América Latina es la región que ha obtenido los mejores indicadores en la lucha contra el hambre. El hambre es un problema político y no técnico, y que para erradicarlo es necesario crear marcos legales con las políticas públicas y los recursos necesarios, sobre la disponibilidad, la accesibilidad y la estabilidad de los alimentos.

La lucha contra el hambre debe ser tratada como una responsabilidad de Estado. Se trata de garantizar el Derecho a una alimentación sana y adecuada, y esto no debe variar con los cambios de gobierno o legislativos o municipales.

El Derecho a la alimentación, entendido generalmente como el derecho a alimentarse dignamente, el derecho a una alimentación adecuada es un Derecho Humano internacional que existe desde hace ya tiempo y al que se han comprometido muchos países. En las últimas décadas, varios países han desarrollado e implementado reformas constitucionales, leyes nacionales, estrategias, políticas y programas que tienen como objetivo el cumplimiento del derecho a la alimentación para todos.

En el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas se establece que “el Derecho a la alimentación significa el derecho de todo ciudadano a estar libre de hambre, de una calidad de vida adecuada que garantice, alimentación, vestido, y vivienda digna y el derecho al trabajo” Es tarea del Estado garantizar este derecho, de forma que la alimentación no sea objeto de la cantidad de favores personales de parte de la ciudadanía ni de favores clientelares de los “políticos”.

En 2004, los Estados Miembros de la FAO aprobaron por consenso las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, que ofrecen orientación práctica sobre la forma de aplicar el derecho a una alimentación adecuada en una amplia gama de áreas de políticas y programas.

Más recientemente, se elaboraron las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Como un objetivo reiterado por el Secretario General de las Naciones Unidas en el Desafío Hambre Cero, el cumplimiento del derecho a la alimentación es cada vez más una prioridad en la agenda internacional.

Con los años, se han hecho importantes avances a distintos niveles. A nivel mundial, el derecho a una alimentación adecuada ha sido un Derecho Humano legalmente vinculante en el derecho internacional desde hace más de 35 años y desde entonces se han otorgado garantías jurídicas adicionales a grupos específicos, como las mujeres, los niños y las personas con discapacidades.

Que pasan hambre, enferman, padecen deficiencias físicas y mentales y mueren de hambre mientras los alimentos se pierden, a veces en la misma tierra que los pare, muchas veces en los centros de venta, en supermercados, en restaurantes y lamentablemente también en muchos hogares en los que los alimentos son desperdiciados y botados a la basura.

No existe hambre porque se produzca poco y escaseen los alimentos, existe el hambre porque vivimos en un mundo inequitativo, desigual, injusto, carente de ética y valores de solidaridad y hermandad. Vivimos en un mundo dominado por un mercado que solo mira para las ganancias y no para los seres humanos y la naturaleza.

Vivimos en un mundo en el que se comercializa con los alimentos y se comercializa con el hambre.

Combatir el hambre es por tanto un asunto de dignidad, de conciencia, de principios, de justicia, es un asunto eminentemente político, es garantizar que exista seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, dotando a nuestros estados de marcos legales, de políticas públicas y de recursos en los presupuestos nacionales y locales, los cuales deben procurar fortalecer la producción de alimentos, el trabajo sostenible en las tierras de los campesinos y campesinas, una distribución que ponga los alimentos al alcance de todas las personas y una comercialización que permita pagar un precio justo a las personas con menos poder adquisitivo.

Combatir el hambre es adoptar las políticas necesarias para que nadie pase hambre mientras se tiran alimentos a la basura.

Combatir el hambre es también un deber de todos los agentes que intervienen en el proceso, desde el trabajador y trabajadora rural, del que produce semillas, del comerciante, del empresario, del transportista, del maestro, de las organizaciones sociales, de las iglesias, de las universidades, centros de investigación… es entre todos y todas, cuidar los recursos naturales: la tierra, el agua, los bosques, el clima.

A pesar de los avances, el hambre y la malnutrición siguen siendo obstáculos enormes para el desarrollo de muchos de los países de la región y el mundo.

Es esencial que las universidades interactúen entre sí, y con otros actores clave como los Frentes Parlamentarios, en espacios de intercambio de experiencias y de reflexión, compartir las lecciones aprendidas por los centros académicos, sobre temas esenciales en la agenda 2030, como son:

El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la destrucción de los suelos, los sistemas de agroproductivos sostenibles, la agricultura familiar, la pérdida y el desperdicio de alimentos o la desigualdad de género, como es el caso de la segregación de género en el mercado del trabajo, en la educación y en la representación política, que en el caso de las mujeres rurales, que a pesar de la importancia del valor económico, social y de subsistencia del trabajo agrícola no remunerado que realizan, su trabajo no se visibiliza, ni se contabliza su aporte a las economías nacionales, y de diseñar y ejecutar políticas públicas.

Para la autonomía de las mujeres rurales es vital su tipo de inserción en la estructura productiva.

En ese sentido, es esencial que en este Encuentro y en los trabajos de investigación que se lleven a cabo próximamente, se reconozca que las mujeres seamos efectivamente sujetos de derecho, en el acceso a la tierra, al agua. En el derecho a la alimentación adecuada.

Para alcanzar un mundo sin hambre es imprescindible trabajar simultáneamente por la autonomía económica de las mujeres y por el cumplimiento de todos sus derechos.

“Es fundamental pensar cómo las mujeres nos insertamos en esta lucha. Esto nos convoca a un cambio de cultura política en nuestros países, de pasar de una cultura política patriarcal, que en estos momentos está matizada por políticas clientelares y asistencialistas hacia una cultural política de construcción de ciudadanía, donde las mujeres juguemos el rol que nos corresponde, al que tenemos derecho, y que sea, además, una cultural política de construcción de ciudadanía con enfoque de derecho.”

Tampoco se les reconoce a las mujeres el trabajo doméstico y de cuidados que realizan, fruto de la división de roles de género que aún prevalece, por lo que se requiere para lograr un mundo justo, de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, estudiar el trabajo productivo dentro y fuera del Sistema de Cuentas Nacionales, que es el método utilizado por los países para recopilar las estadísticas de la actividad económica. La frontera de la producción del SCN excluye todas las actividades de los hogares para producir servicios domésticos o personales para consumo final propio, así como las labores de cuidado, excepto los servicios producidos mediante el empleo de personal doméstico remunerado.

Importante es traer a este VI Encuentro el compromiso de las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, reunidos en La Habana, Cuba, en ocasión de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada los días 28 y 29 de enero de 2014 para reconocer que la centralidad de la equidad de género en el debate sobre el desarrollo, implica considerar tanto la dimensión productiva como la reproductiva y transformar la división del trabajo, que en razón de inequidades en materia reproductiva ha generado una carga desproporcionada para las mujeres y desigualdades estructurales de género que perpetúan el círculo de la pobreza, la marginación y la desigualdad;

Y expresaron su compromiso para aunar esfuerzos y continuar luchando e impulsando procesos que faciliten el ejercicio pleno de sus derechos, y el fortalecimiento de su autonomía económica, incluyendo la promoción de su integración en los diferentes ámbitos productivos;

Así también reiteraron su interés en integrar la perspectiva de género como elemento transversal en la nueva Agenda 2030, para empoderar a la mujer y lograr la equidad de género como elementos determinantes para asegurar políticas públicas incluyentes con el objetivo de superar la pobreza y lograr el desarrollo social y económico de nuestros pueblos, eliminando, asimismo, los factores históricos y estructurales que perpetúan la discriminación por razones de género; y apoyar la implementación de una Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 transformadora que verá a la gente interactuar en armonía con los ecosistemas del planeta y beneficiarse de sus servicios, manteniendo y usando de forma sostenible la biodiversidad y los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras.

Hoy, el desafío es mucho más complejo, dado los altos niveles de desigualdad que caracterizan a nuestra región y al mundo. Y el contexto en el cual se establecen los ODS, la gran movilidad humana, las guerras en múltiples territorios, la ganancia por encima de todo…

No existe hambre porque se produzca poco y escaseen los alimentos, existe el hambre porque vivimos en un mundo inequitativo, desigual, injusto, carente de ética y valores de solidaridad y hermandad.

Vivimos en un mundo dominado por un mercado que solo mira para las ganancias y no para los seres humanos y la naturaleza. Vivimos en un mundo en el que se comercializa con los alimentos y se comercializa con el hambre.

El Papa Francisco firme defensor de los pobres, asegura que es un “derecho de toda persona el tener acceso a una alimentación adecuada” e instando a todos a ser más conscientes de sus “decisiones alimentarias”, incluidos los desperdicios, para poner fin a la “escándalo mundial” del hambre.

“El hambre es una dimensión extrema de los desequilibrios estructurales de un país y es así como debe entenderse para poder enfrentarla de forma eficaz”

Para romper el círculo vicioso hambre – pobreza es necesario crear políticas específicas. El Hambre es consecuencia de la pobreza, pero también es su causa, porque compromete la constitución de ciudadanía y de las generaciones futuras, que sufren las consecuencias negativas de un desarrollo cercenado por el hambre.

“Es necesario pensar en modelos de desarrollo que favorezcan el crecimiento con distribución del ingreso, que se amplíe el mercado interno del país con la distribución del ingreso, la mejora de los salarios, y más específicamente, la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo”

Reafirmando el derecho de todas las personas a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos suficientes, en consonancia con el derecho a una alimentación adecuada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas.

Reconocemos la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional se favorece a través de sistemas alimentarios sostenibles, equitativos, accesibles en todos los casos, resistentes y diversos”

La lucha contra el Hambre es global

En julio de 2014, en la Cumbre de la Unión Africana celebrada en Malabo (Guinea Ecuatorial), los Jefes de Estado africanos se comprometieron a poner fin al hambre en el continente en 2025.

Este año el Parlamento Panafricano estableció la Alianza Africana en la lucha contra el Hambre.

En la primera cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), los Jefes de Estado y de Gobierno apoyaron el objetivo del Hambre Cero 2025, mediante la reafirmación del compromiso regional de poner fin al hambre en 2025, consignado en la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, inaugurada en 2005, y en el Plan SAN CELAC, reiteran el compromiso a elevar el Derecho Humano a la Alimentación en el más elevado rango legal en los países y estimular crear o fortalecer el marco legal para el logro del Derecho a la Alimentación.

En varios países de América Latina el reconocimiento del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada tiene avances importantes, principalmente a nivel de las legislaciones habiendo sido integrado de manera explícita en Constituciones, leyes y otras normativas. Sin embargo, a nivel municipal los progresos son todavía muy incipientes y hay muy pocas experiencias documentadas que puedan servir de referencia para lograr resultados más evidentes, lo que abre un espacio de investigación para las universidades que forman parte del ODA.

Abrir espacios de diálogo, que promuevan el debate y la definición de las políticas locales de seguridad alimentaria y nutricional, que considere la participación de los grupos más vulnerables contribuirá a identificar líneas de acción, de políticas públicas locales y líneas para la asignación de recursos más adecuada. Por eso los espacios de diálogo además de promover la participación y el empoderamiento pueden servir para la integración de otros principios del derecho a la alimentación como la rendición de cuentas, la transparencia y la no discriminación.

América Latina y el Caribe tiene una experiencia, de la cual se pueden extraer algunas lecciones, para tratar de tomarlas en cuenta para posicionar políticamente el Derecho Humano a la Alimentación en lo más alto de las agendas públicas de ALyC, en el marco de lograr ser la generación Hambre Cero en el 2030.

Debido a su carácter jurídicamente vinculante, la realización del derecho a una alimentación adecuada no es sólo una promesa que cumplir a través de la beneficencia. Es un derecho humano de cada mujer, hombre, niña y niño que ha de cumplirse con acciones apropiadas de los gobiernos y los actores no estatales.

Saludamos en este VI Encuentro Regional la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), con quienes se establecerán acuerdos de trabajo, para consolidar la alianza de la red académica con todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Que sumados al Memorándum de Entendimiento entre el ODA y el FPHALyC, abren puertas para trabajar en una agenda integral y común, que realmente nos permita ser la generación Hambre Cero en el 2030, y promover el desarrollo, aplicación y protección del derecho a humano a una alimentación adecuada.

10 temas que son esenciales en la agenda de la academia para trabajar en gestión del conocimiento, investigación, innovación y formación para lograr ser la generación Hambre Cero:

  1. Hay que tener costeos para la inversión en SAN y el DA. Y esto requerirá de propuestas para políticas fiscales que cambien los altos niveles de desigualdad e inequidad.
  2. Desde la academia se pueden generar propuestas para la sostenibilidad de las estrategias de SAN garantizando que la sociedad civil, movimientos sociales y organizaciones de agricultores estén involucrados en el diseño y ejecución de programas para la realización del derecho a la alimentación. La presión ejercida por las organizaciones de la sociedad civil también sirve para garantizar la continuación de los programas y estrategias.
  3. Rendición de cuentas y justiciabilidad. Los mecanismos para supervisar la aplicación de este derecho siguen siendo débiles y se necesitan más esfuerzos para habilitar a los titulares de derechos a reclamar efectivamente su derecho a la alimentación. Aparte de garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los mecanismos de reparación, hay que crear conciencia sobre el derecho a la alimentación como un derecho real garantizado en virtud de leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos. Las personas necesitan conocer sus derechos para poder exigir cambios y rendición de cuentas del Gobierno. Al mismo tiempo, los titulares de derechos humanos y aquellos facultados para supervisar la aplicación de las leyes y las políticas deben comprender las obligaciones que les impone el derecho a la alimentación.
  4. Es necesario fomentar y potenciar a las cortes y tribunales nacionales, así como las instituciones nacionales de derechos humanos (Defensores del Pueblo, Procuradurías de Derechos Humanos, etc.) para que puedan proporcionar una reparación por las violaciones del derecho a la alimentación.
  5. A pesar de los avances en incluir el derecho a la alimentación en los marcos jurídicos nacionales, todavía faltan mecanismos eficaces de monitoreo, supervisión y acceso a la justicia para el cumplimiento de ese derecho. Por lo tanto, los progresos realizados en la aplicación del derecho a la alimentación deben ser mantenidos y reforzados.
  6. La aplicabilidad de las leyes relacionadas con el derecho a la alimentación requiere algo más que mecanismos de aplicación: también requiere un cambio de mentalidad y la creación de una cultura de derechos. A pesar de los progresos realizados, programas para combatir el hambre y la malnutrición todavía tienden a ser percibidos como programas de solidaridad social en vez de programas de promoción de los derechos humanos. A fin de promover una cultura de derechos y rendición de cuentas, la información sobre las garantías de los programas específicos y sobre cuáles son las responsabilidades de los diferentes actores, debe estar disponible fácilmente. Mecanismos de rendición de cuentas, incluidos los mecanismos administrativos y judiciales que permitan a los beneficiarios quejarse si los derechos se les niegan arbitrariamente, deben ser integrados en esos programas.
  7. Es preciso reflexionar también sobre aspectos que permitan dar pautas para elaborar estrategias e instrumentos para la implementación práctica del derecho a la alimentación a nivel municipal
  8. Recuperar la memoria histórica de las comunidades y los pueblos para sistematizar las ancestrales experiencias de sobrevivencia presentes en las diversas comunidades, para fortalecer los saberes y capacidades, en primer lugar, de los sujetos de la pobreza en su territorio y, con ello, sus capacidades de acción, de creatividad, de innovación.
  9. Fortalecer la capacidad de organización, gestión y representación que tienen las comunidades. Apoyarse en los saberes históricos de las comunidades, rescatarlos y tornarlos fundamentos organizativos para llevar adelante los procesos/proyectos productivos y las alternativas de salida de la pobreza/pobreza extrema, es un desafío para los tomadores de decisión, tanto en los ejecutivos como en los legislativos.
  10. Incentivar la investigación con un enfoque multidisciplinario, entre académicos y estudiantes, y convertirse en un importante centro de difusión y sistematización de información sobre este Derecho Humano para estudiantes de Derecho, Salud, Educación, profesores universitarios, abogados, jueces, empleados públicos y público en general.

Establecer alianzas estratégicas entre las universidades y los capítulos nacionales del FPH para generar investigaciones sobre el impacto de los ODS -Hambre Cero y el Derecho a la Alimentación, ese esencial, en las siguientes dimensiones:

  1. Marcos Jurídicos (Constituciones, Leyes) Políticas y Programas
  2. Recursos financieros Presupuesto General del Estado, humanos y de organización
  3. Mecanismos de coordinación y alianzas sectores y actores (Gobernanza) Gobierno-SC-Academia-Cooperación
  4. Toma de decisiones basada en la evidencia (sistemas de información)
  5. Sistema de indicadores de los ODS

Estas reflexiones tenemos que verlas a la luz de la situación que se vive hoy día en el mundo. En un momento de cambios importantes. Lo que pasa en AL y el Caribe afecta a todos los países del planeta y viceversa. Tenemos que pensar desde nuestras realidades, pero pensando en la interconexión con el resto de países.

Combatir el hambre es por tanto un asunto de dignidad, de conciencia, de principios, de justicia, es un asunto eminentemente político, que requiere una justa distribución que ponga los alimentos al alcance de todas las personas y una comercialización que permita pagar un precio justo a las personas con menos poder adquisitivo.

Combatir el hambre es adoptar las políticas necesarias para que nadie pase hambre mientras se tiran alimentos a la basura.

Combatir el hambre es también un deber de todos los agentes que intervienen en el proceso, desde el trabajador y trabajadora rural, del que produce semillas, del comerciante, del empresario, del transportista, del maestro, de las organizaciones sociales, de las iglesias… es entre todos y todas, cuidar los recursos naturales: la tierra, el agua, los bosques, el clima.

Erradicar el hambre requiere de un noble y claro compromiso político que tiene que estar acompañado de una ética donde prime el bien común.

Es aquí donde compartir experiencias, nuestras experiencias, las del día a día y nuestros desafíos y procesos cobra fuerza, donde construir, pensar en la gestión del conocimiento, la innovación, las alianzas es esencial, como parte de nuestro compromiso político y ético para hacer realidad la erradicación del hambre en el mundo.

Y construirlo colectivamente, tiene una importancia estratégica para nuestra región y el mundo.

Solo sumando voces, acciones y compromisos podemos construir un mundo justo, en el que erradicar la pobreza, el hambre y la malnutrición no sean solamente un sueño sino una realidad cada vez más palpable.

Nuestros Estados serán justos cuando no haya hambre en nuestros pueblos

Seamos la Generación Hambre Cero

Referencias bibliográficas