Academia y poder legislativo: Una alianza imprescindible para garantizar el derecho de la alimentación
Observatorio del Derecho a la Alimentación, Chile
Paulo Silva: Director de Escuela, Escuela de Nutrición y Dietética, Universidad San Sebastián, Chile.
Catalina González: Académica, Escuela de Nutrición y Dietética, Universidad de Valparaíso, Chile.
Mirta Crovetto: Académica, Departamento de Salud, Comunidad y Gestión, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Playa Ancha, Chile.
Angélica Hernández: Académica, Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera, Chile.
La interacción entre legisladores y la academia siempre ha sido deseable. Sin embargo, en el contexto actual, marcado por transformaciones profundas en los sistemas alimentarios, la disponibilidad y el acceso a los alimentos, y el avance del conocimiento científico, la colaboración entre ciencia y política no es solo pertinente, es imprescindible.
Desde esta perspectiva, y bajo el alero del Programa España-FAO para América Latina y el Caribe, como capítulo chileno del Observatorio del Derecho a la Alimentación para América Latina y el Caribe (ODA-CHILE), representamos una plataforma estratégica conformada por académicos y académicas de reconocida trayectoria y sus respectivas instituciones.
Nuestro propósito es tan claro como necesario: promover el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional como pilares fundamentales del desarrollo humano y bienestar social, contribuyendo al cumplimiento del ODS-2 “Hambre Cero”, la seguridad alimentaria y nutricional, la soberanía alimentaria y el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles en el escenario actual de cambio climático.
Desde el año 2012, el Poder Legislativo de Chile ha impulsado más de 40 Proyectos de Ley vinculados a la alimentación y nutrición. Algunos han marcado hitos importantes, como la Ley de 20.606 Sobre Composición Nutricional de los alimentos y su Publicidad (promulgada en 2012), o la Reforma Tributaria de 2014 que incluyó el incremento de la tasa de impuestos a las bebidas analcohólicas azucaradas; ambas políticas públicas aportan al ejercicio de derecho a la alimentación adecuada de la población chilena.
Sin embargo, apenas cinco iniciativas han sido aprobadas, mientras la mayoría sigue estancada en distintas etapas del proceso legislativo. La oportunidad de avanzar está ahí. Lo que falta, muchas veces, es la articulación técnica y política adecuada.
Por eso, desde ODA-CHILE, hemos decidido asumir con convicción el desafío de articularnos activamente con el Frente Parlamentario Contra el Hambre (FPHM), presidido por la Diputada Carolina Marzán. En ese marco, el pasado 11 de junio de 2025, se efectuó el Primer Encuentro entre el FPHM y el ODA-CHILE. Luego, este 6 de agosto de 2025 se realizó un Segundo Encuentro. Con ambas citas se ha iniciado un ciclo de sesiones orientadas a relevar nuevamente el tema en la agenda legislativa, priorizar los Proyectos de Ley más urgentes, definir la evidencia científica que otorgue argumentos irrefutables y asesorar técnicamente la generación de leyes claves. Entre ellas, destaca la tramitación de la esperada “Ley Marco para la Promoción de la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional”.
El compromiso continúa, con la meta de aportar evidencia desde la academia, con una mirada científica, técnica, territorial y ética. Y ya acordamos realizar un Tercer Encuentro en octubre de este año.
Y es que los datos hablan por sí solos. Según el informe más reciente de la FAO, “El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo”, en Chile hay 2,9 millones de personas que viven con algún grado de inseguridad alimentaria. Eso representa el 15,6% de la población. Y lo más alarmante: 700 mil personas —un 3,8%— enfrentan inseguridad alimentaria severa.
Frente a este panorama, proteger la producción de alimentos se vuelve estratégico. Más aún en las condiciones de crisis climática y escasez hídrica que vivimos a nivel global y nacional. El aumento de eventos extremos, los cambios en los ciclos productivos y la presión sobre los recursos naturales no solo amenazan la disponibilidad de alimentos, también ponen en jaque la sostenibilidad de los sistemas alimentarios locales. Por eso, urge promover políticas que fortalezcan la resiliencia de la agricultura, especialmente la de pequeña escala, la que se arraiga en los territorios y respeta sus culturas.
La legislación en trámite sobre seguridad alimentaria y nutricional, soberanía alimentaria y temas prioritarios de alimentación y nutrición necesitan del respaldo técnico y de un lugar protagónico en la discusión pública.
Hoy, cuando el Derecho a la Alimentación Adecuada se reconoce como un derecho humano esencial, la academia no puede ser solo un espectador. Tiene una responsabilidad ética y social ineludible formando profesionales comprometidos, generando conocimiento útil, y participando activamente en los debates públicos que definan el bienestar común.
Porque no se trata solo de legislar. Se trata de garantizar condiciones de vida dignas. Para eso, necesitamos voluntad política, respaldo científico y técnico y una ciudadanía crítica que comprenda que la alimentación no es un privilegio, sino un derecho.
La legislación en curso sobre soberanía y seguridad alimentaria y nutricional merece prioridad en la agenda pública. Para lograrlo, la alianza entre ciencia y política no es solo necesaria. Es, sencillamente, indispensable.