Hambre Cero como deber político: la urgencia de aprobar la Ley Marco de Seguridad y Soberanía Alimentaria

La seguridad alimentaria ya no puede ser comprendida únicamente como un problema de disponibilidad o acceso a alimentos. En el actual contexto de crisis climática, desigualdad estructural y erosión de los sistemas agroalimentarios sostenibles, es urgente avanzar hacia una gobernanza alimentaria que garantice el derecho humano a una alimentación adecuada, culturalmente pertinente y ambientalmente sostenible. En este escenario, la aprobación de la Ley Marco de Seguridad y Soberanía Alimentaria (SAN) representa una acción política estratégica, alineada con los compromisos internacionales de Chile, y necesaria para dar cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre Cero.

Inseguridad alimentaria: expresión de desigualdad estructural

Según datos de FAO y CEPAL, más de 43 millones de personas en América Latina enfrentan inseguridad alimentaria severa, y Chile no está exento de esta tendencia (FAO et al., 2023). Aunque se han logrado avances en el combate a la desnutrición infantil, hoy enfrentamos una nueva paradoja nutricional: coexisten la malnutrición por exceso, el déficit de micronutrientes y el hambre, especialmente en sectores rurales, indígenas y urbanos empobrecidos.

En Chile, según la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria (ENSAN) de 2021, un 15,6% de los hogares presenta inseguridad alimentaria moderada o severa, cifra que se agrava en zonas rurales (22,3%) y en hogares encabezados por mujeres. Estos datos no solo reflejan una problemática nutricional, sino también una profunda desigualdad social, territorial y de género.

Investigaciones recientes han documentado con claridad la situación crítica que enfrentan las personas mayores indígenas que habitan zonas rurales, quienes experimentan barreras materiales, simbólicas e institucionales para acceder a alimentos culturalmente pertinentes y de calidad. En estudios realizados con población Mapuche en la Región de La Araucanía, se ha evidenciado que la inseguridad alimentaria se articula con procesos de pérdida de autonomía, fragmentación comunitaria y desvalorización de los sistemas alimentarios locales (Hernández-Moreno et al., 2025; 2024a). Esta situación se ve agravada por políticas públicas fragmentadas y centralizadas, que no consideran las particularidades culturales ni los saberes territoriales en sus diseños ni en su implementación.

De la seguridad a la soberanía alimentaria: una transición necesaria

La propuesta de Ley Marco SAN avanzaría significativamente al superar el enfoque técnico-restrictivo centrado en calorías o nutrientes, y adopta un enfoque de derechos, incorporando los principios de soberanía alimentaria, pertinencia cultural, sustentabilidad ecológica, participación social y justicia territorial.

Este giro conceptual resulta fundamental. Como señalan Altieri y Nicholls (2020), el control de los sistemas alimentarios por parte de corporaciones transnacionales ha derivado en procesos de homogeneización alimentaria, dependencia de insumos externos y pérdida de agrobiodiversidad. Frente a esto, la soberanía alimentaria propone que los pueblos tengan el derecho a definir sus políticas alimentarias y agrícolas, priorizando la producción local, los circuitos cortos y la agroecología.

Los estudios regionales demuestran que la agricultura familiar campesina e indígena sigue siendo clave para garantizar el abastecimiento alimentario local, pese a enfrentar condiciones estructurales de exclusión. En Chile, este sector produce más del 50% de los alimentos frescos consumidos, con acceso a menos del 10% de la tierra (ODEPA, 2023). Aun así, las políticas alimentarias han tendido a invisibilizar su rol estratégico. Como ha sido señalado, esta omisión profundiza la vulnerabilidad alimentaria en poblaciones rurales mayores, al desvincularlas de los medios tradicionales de subsistencia y de sus prácticas culturales (Hernández-Moreno et al., 2024b).

Gobernanza alimentaria: una deuda pendiente

Uno de los aportes más relevantes de esta ley es la incorporación de un sistema de gobernanza alimentaria multinivel y participativa, que incluya a organizaciones sociales, pueblos originarios, gobiernos locales y comunidades rurales. Esta arquitectura institucional responde a recomendaciones de organismos internacionales, que enfatizan la necesidad de crear mecanismos vinculantes y con rendición de cuentas en la implementación del derecho a la alimentación (Fakhri, 2022).

Actualmente, las políticas alimentarias en Chile se encuentran dispersas entre distintos ministerios y programas, sin una articulación sistémica ni herramientas de seguimiento eficaces. Esta ley permitiría crear un marco normativo coherente, con enfoque intercultural, territorial y de género, lo que es especialmente necesario en territorios rurales donde las intervenciones estatales suelen replicar esquemas urbanos o monoculturales, con escasa adecuación a los contextos locales.

Además, en el actual contexto de cambio climático, esta gobernanza debe ser también anticipatoria: la seguridad alimentaria está directamente amenazada por sequías, pérdida de suelos fértiles y eventos extremos. No actuar implica profundizar las brechas existentes y aumentar la dependencia alimentaria del país.

El ODS 2 no se alcanzará sin transformaciones estructurales

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre Cero exige transformaciones estructurales que cuestionen el modelo agroalimentario dominante. Requiere políticas públicas integrales, con financiamiento, institucionalidad sólida y participación efectiva. La Ley SAN permite avanzar en esa dirección.

La experiencia internacional demuestra que los marcos legales robustos son clave. Países como Brasil, Ecuador o México han aprobado leyes o políticas nacionales de SAN que han fortalecido compras públicas con criterios sociales, promovido la agricultura familiar, y reducido la malnutrición en sectores vulnerables (Schiavoni, 2017).

Desde una perspectiva latinoamericana, la SAN debe ser entendida como parte de una política emancipadora, que proteja no sólo el derecho individual a alimentarse, sino también el derecho colectivo a decidir sobre los sistemas alimentarios, especialmente en pueblos indígenas y rurales históricamente desplazados (Hernández-Moreno et al., 2024c).

Conclusión: una ley para proteger la vida

Aprobar la Ley Marco de Seguridad y Soberanía Alimentaria es una acción urgente, coherente y transformadora. Urgente, porque el hambre y la malnutrición no pueden esperar. Coherente, porque Chile ha suscrito compromisos internacionales en derechos humanos y desarrollo sostenible. Y transformadora, porque esta ley permite avanzar hacia un modelo alimentario justo, resiliente y sustentable.

No se trata solo de legislar. Se trata de proteger la vida, los territorios y el derecho a una alimentación digna. La seguridad y soberanía alimentaria no son utopías: son decisiones políticas ineludibles. El momento de actuar es ahora.

Referencias

• Altieri, M. A., & Nicholls, C. I. (2020). Agroecología: bases científicas para una agricultura sustentable. REDAGRES.
• FAO, OPS, WFP, UNICEF. (2023). Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2023. Roma: Naciones Unidas.
• FAO. (2022). Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe. Santiago: FAO.
• Fakhri, M. (2022). Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación. Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas.
• Hernández-Moreno, A., et al. (2025). Analysis of Public Policies on Food Security for Older Mapuche Adults in Rural Areas. Foods, 14(6), 1055. https://doi.org/10.3390/foods14061055
• Hernández-Moreno, A., et al. (2024a). Food Security in the Rural Mapuche Elderly: Analysis and Proposals. Nutrients, 16(23), 4042. https://doi.org/10.3390/nu16234042
• Hernández-Moreno, A., et al. (2024b). Analysis of Food Security of Older Rural Indigenous People in Latin America and the Caribbean. Foods, 13(11), 1772. https://doi.org/10.3390/foods13111772
• ODEPA. (2023). Boletín Agricultura Familiar Campesina. Ministerio de Agricultura de Chile.
• Schiavoni, C. (2017). The contested terrain of food sovereignty construction: toward a historical, relational and interactive approach. The Journal of Peasant Studies, 44(1), 1–32.