Derecho a la Alimentación en Chile y la necesidad de mejorar la calidad de la nutrición de la población

Antecedentes

Chile es considerado por muchos como un alumno destacado en su región. En efecto, ha logrado importantes niveles de desarrollo económico, una transición a la democracia exitosa, mejoras en sus niveles de salud pública y de alimentación, así como tasas de mortalidad infantil comparativamente bajas y la implementación de programas de nutrición adecuados. Sin embargo, es necesario mirar en detalle la calidad de la nutrición de la población chilena.

Nos hemos planteado la revisión de los resultados en ámbitos específicos de las políticas públicas de Chile y en relación a los países de la región, ya que el proceso de Chile, aunque exitoso en lo genérico, no lo es tanto, si se miran determinadas áreas como la distribución del ingreso en el índice Gini.

El derecho a la alimentación, tiene tantas y tan diversas vertientes, desde su implicancia internacional y la justiciabilidad, como la mirada interna de los niveles de adecuada alimentación, desde la desnutrición a los problemas de obesidad. En esta investigación abordaremos una mirada comprehensiva, tratando de cubrir los aspectos más significativos, respecto de Chile.

Alimentación y los desafíos internacionales

Asimismo, el país en las últimas décadas desarrolló estrategias de apertura internacional exitosas, un apoyo decidido en pos del multilateralismo, siendo parte fundadora y promotora de buena parte de las iniciativas internacionales y regionales en diferentes ámbitos (GATT, OEA, OMC, FAO, ONU, etc.). Todo ello, se materializó en el ingreso de Chile en la OCDE, entidad que integra a las economías más desarrolladas y con los más altos estándares.

De acuerdo con la OMS, las malas dietas nutricionales son un importante factor para las Enfermedades No Transmisibles. El sobrepeso y la obesidad, representan el quinto riesgo de mortalidad a nivel mundial. En 2010, cerca de 42 millones de niños menores de 5 años tenían la condición de obesidad o sobrepeso, lo que implicará futuros problemas de salud, en especial, de hipertensión y resistencia a la insulina.

El derecho a la alimentación, para el Relator especial de las Naciones Unidas Jean Ziegler es “el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”. Este derecho, contiene dos componentes fundamentales, el acceso igualitario y la disponibilidad de los alimentos. Se ha planteado además, que al hablar de alimentación, su implicancia debe ampliarse y abarcar también el derecho a agua salubre y de calidad.

De acuerdo con datos de Naciones Unidas, en 2009, por primera vez, más de 1.000 millones de personas sufrieron desnutrición en el mundo. Siendo los más vulnerables al hambre y la mala nutrición, los pobladores de áreas rurales, los pobres en áreas urbanas, las mujeres, los niños, los refugiados, las personas con alguna discapacidad, los ancianos y otras minorías. El hambre, concluye el informe, se debe a la discriminación que sufren dichos grupos, por ello, el Comité considera que todo esfuerzo, debe basarse desde la perspectiva de los Derechos Humanos y guiarse en el marco de un derecho a la alimentación en que se elimine toda forma de discriminación, tanto de hecho como de derecho.

Otros factores que influyen decididamente en la calidad de la alimentación, son las importantes variaciones de precios que han experimentado cereales, azúcar, soya, frejoles, arroz, maíz, cebada, trigo, papas, muchos de ellos, representan alimentos básicos con importantes contenidos culturales en varias regiones. El alza de los precios se debe tanto a factores climáticos como lluvias excesivas, o la falta de éstas en algunas regiones, afectando las cosechas, o también, ello puede deberse a políticas proteccionistas que cierran mercados.

Aunque algunos de los factores expuestos, son estacionales y no implican alzas absolutas en el tiempo, las variaciones de precios atraen acciones especulativas en los mercados, ya que se trata de commodities que se transan en las bolsas.

La ONU ha planteado con preocupación que hay más de 3 millones de personas que mueren a consecuencia de la obesidad y el sobrepeso y que se anticipan crecientes tasas futuras. Los gobiernos están desatendiendo su responsabilidad de garantizar un derecho a una alimentación adecuada en el marco de las leyes internacionales de derechos humanos.

Además del impacto económico de las enfermedades de mala nutrición, según Olivier de Schutter, un aumento del 10% en estas enfermedades implican un retroceso de un 0,5% del PIB mundial. El Relator especial, plantea que la responsabilidad es de los gobiernos que han aumentado el nivel de calorías a bajo precio, sin tomar en consideración los aspectos nutritivos.

El propósito de este texto ha sido, fundamentalmente, actualizar el debate y la problemática respecto del derecho a la alimentación, que hasta ahora ha sido dominio de profesionales de la salud, como de especialistas en nutrición. Hasta ahora, no ha sido abordado en profundidad por el derecho, la escaza literatura en español, es sólo una muestra de ello.

La posibilidad de ejercer acciones judiciales ante tribunales nacionales e internacionales, ya no por la falta de alimentos básicos, sino que por la calidad nutricional de éstos y el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado, debe ser objeto de estudios profundos, ya que es predecible suponer que la tendencia de mayor protección y la demanda por los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la alimentación será, con seguridad, una realidad.


Nicolás Cobo Romaní

Nicolás Cobo Romaní

Abogado, Licenciado en Derecho Universidad Católica de Chile, Máster en Comercio y Finanzas Internacionales Universidad de Barcelona España; Subdirector del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Profesor de Derecho Internacional Público e investigador.

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