La interacción entre legisladores y la academia siempre ha sido deseable. Sin embargo, en el contexto actual, marcado por transformaciones profundas en los sistemas alimentarios, la disponibilidad y el acceso a los alimentos, y el avance del conocimiento científico, la colaboración entre ciencia y política no es solo pertinente, es imprescindible.

Desde esta perspectiva, y bajo el alero del Programa España-FAO para América Latina y el Caribe, como capítulo chileno del Observatorio del Derecho a la Alimentación para América Latina y el Caribe (ODA-CHILE), representamos una plataforma estratégica conformada por académicos y académicas de reconocida trayectoria y sus respectivas instituciones.

La soberanía alimentaria y la personalidad jurídica otorgada a los ríos son vistas como temas distintos y separados. En el presente artículo se hace un esfuerzo por vincularlos a partir de los efectos que cada uno podría llegar a tener en el desarrollo local sostenible. Se trata de un trabajo jurídico exploratorio y prospectivo.

El presente artículo trata del vínculo entre dos campos jurídicos diferentes, el relativo a la administración del agua y el del régimen de tutela de la inversión extranjera directa. Estos presentan, para comenzar, imperativos divergentes. Por una parte, la estabilidad de la inversión y, por la otra, el mejoramiento (evolución) de la gestión del agua. De esta forma, la protección de la inversión puede volverse un contrapeso al mejoramiento de la gestión del agua. Asimismo, la gestión del agua puede ser un factor de “expropiación” de la inversión.

La seguridad alimentaria ya no puede ser comprendida únicamente como un problema de disponibilidad o acceso a alimentos. En el actual contexto de crisis climática, desigualdad estructural y erosión de los sistemas agroalimentarios sostenibles, es urgente avanzar hacia una gobernanza alimentaria que garantice el derecho humano a una alimentación adecuada, culturalmente pertinente y ambientalmente sostenible. […]

La pesca artesanal es una actividad productiva fundamental para la garantía del derecho a la alimentación y la economía local de los pescadores. Casi un 80% del pescado sin conservar que se consume en Colombia proviene de la pesca artesanal y de subsistencia; una actividad productiva que, según encuestas oficiales, es la principal fuente de alimentación y de trabajo de las comunidades pesqueras asentadas en las cuencas de los ríos y costas del país[…].

Coincidimos en la afirmación de que la “pandemia nos muestra la inequidad y fragilidad de nuestro sistema como garante de derechos básicos. El hecho de que miles de habitantes se encuentren en una situación de acceso hídrico precarizado es otra variante de la injusticia ambiental que ha producido el modelo de desarrollo en Chile”[…].