De acuerdo a la última canasta básica alimentaria con enfoque nutricional realizado por la UdelaR, una persona debería haber gastado 7038 pesos en marzo para alimentarse saludablemente. Para hablar de este tema, recibimos a la profesora de la Unidad Académica de Nutrición Poblacional, Gabriela Fajardo.
Estudio del entorno alimentario en Bella Italia y Punta de Rieles muestra que si bien una gran red de pequeños almacenes ofrece alimentos saludables, el mayor escollo para acceder a ellos es su costo y poca variedad, por lo que allí más que “desierto alimentario” hay una “jungla de injusticia alimentaria”.
Costa Rica ha logrado avances en seguridad alimentaria con programas históricos, pero enfrenta el reto de superar el enfoque asistencial para garantizar integralmente el derecho humano a la alimentación. La prevalencia de malnutrición por exceso, el acceso limitado a dietas saludables y la falta de una ley marco específica evidencian la necesidad de un marco jurídico robusto que articule políticas públicas, coordine instituciones y aborde dimensiones como la producción sostenible y la educación alimentaria. La aprobación de una ley marco y una reforma constitucional permitirían consolidar este derecho, transformando su reconocimiento formal en una garantía efectiva y coordinada para toda la población.
La seguridad alimentaria ya no puede ser comprendida únicamente como un problema de disponibilidad o acceso a alimentos. En el actual contexto de crisis climática, desigualdad estructural y erosión de los sistemas agroalimentarios sostenibles, es urgente avanzar hacia una gobernanza alimentaria que garantice el derecho humano a una alimentación adecuada, culturalmente pertinente y ambientalmente sostenible. […]
La pesca artesanal es una actividad productiva fundamental para la garantía del derecho a la alimentación y la economía local de los pescadores. Casi un 80% del pescado sin conservar que se consume en Colombia proviene de la pesca artesanal y de subsistencia; una actividad productiva que, según encuestas oficiales, es la principal fuente de alimentación y de trabajo de las comunidades pesqueras asentadas en las cuencas de los ríos y costas del país[…].
La alimentación atraviesa dimensiones que van mucho más allá de un plato de comida: implica derechos, condiciones de vida, vínculos sociales y modelos de desarrollo.
En Uruguay, si bien los niveles de hambre se mantienen bajos, distintos estudios advierten sobre problemas de acceso económico, inseguridad alimentaria y malnutrición.
La judicialización del Derecho a la Alimentación Adecuada en Argentina supera su enfoque inicial asistencialista y de mera subsistencia, evolucionando hacia una interpretación integral que considera la calidad nutricional, los entornos alimentarios y las políticas públicas. Desde 2020, surge una tendencia jurisprudencial que aborda conflictos estructurales y colectivos, priorizando evidencia científica y enfrentando tensiones con intereses económicos. Este rol más activo del Poder Judicial es estratégico para sostener políticas transformadoras, garantizar derechos y avanzar hacia el cumplimiento del ODS 2, superando la lógica de la emergencia para lograr una protección sostenible del derecho.
La interacción entre legisladores y la academia siempre ha sido deseable. Sin embargo, en el contexto actual, marcado por transformaciones profundas en los sistemas alimentarios, la disponibilidad y el acceso a los alimentos, y el avance del conocimiento científico, la colaboración entre ciencia y política no es solo pertinente, es imprescindible.
Desde esta perspectiva, y bajo el alero del Programa España-FAO para América Latina y el Caribe, como capítulo chileno del Observatorio del Derecho a la Alimentación para América Latina y el Caribe (ODA-CHILE), representamos una plataforma estratégica conformada por académicos y académicas de reconocida trayectoria y sus respectivas instituciones.
La soberanía alimentaria y la personalidad jurídica otorgada a los ríos son vistas como temas distintos y separados. En el presente artículo se hace un esfuerzo por vincularlos a partir de los efectos que cada uno podría llegar a tener en el desarrollo local sostenible. Se trata de un trabajo jurídico exploratorio y prospectivo.
El presente artículo trata del vínculo entre dos campos jurídicos diferentes, el relativo a la administración del agua y el del régimen de tutela de la inversión extranjera directa. Estos presentan, para comenzar, imperativos divergentes. Por una parte, la estabilidad de la inversión y, por la otra, el mejoramiento (evolución) de la gestión del agua. De esta forma, la protección de la inversión puede volverse un contrapeso al mejoramiento de la gestión del agua. Asimismo, la gestión del agua puede ser un factor de “expropiación” de la inversión.
